Ausencia de ley y control internacional

La esposa de Sergiy Tsygipa, secuestrado por los rusos, lee una línea del poema acróstico escrito por su marido: “Humillación, tortura, humillación”. La situación de los prisioneros civiles es incierta. Casi nunca se intercambian. Sus familiares a menudo no saben nada sobre su paradero.

El Centro ucraniano de medios de crisis organizó una mesa redonda dedicada al destino de los civiles ucranianos que habían sido encarcelados por el enemigo o habían desaparecido durante la agresión rusa. Estaban presentes los defensores de los derechos humanos, los representantes de las autoridades y las organizaciones públicas que representan a las familias de los prisioneros civiles.

A pesar de que el derecho internacional humanitario prohíbe la captura de civiles, los rusos llevan diez años deteniendo y encarcelando a los ucranianos. En 2015 se publicó el informe “Los que sobrevivieron al infierno” que son historias de las personas que lograron liberarse de las cárceles en los territorios ucranianos ocupados por Rusia.

— Ya entonces, estaba tomando forma una política general de represión en los territorios ocupados — recuerda Oleksandr Pavlichenko, Director ejecutivo de la Federación ucraniana de Helsinki por los derechos humanos —. La punición demostrativa de civiles para intimidar al resto de la población es la política de los ocupantes que comenzó hace 10 años.

La magnitud del crimen

Es difícil calcular el número exacto de civiles ucranianos que ahora mismo el régimen de Putin mantiene como rehenes. El Defensor del Pueblo, Dmytro Lubinets, anunció el 26 de febrero que había 28.000 ucranianos en cautiverio: militares, civiles y niños. Según el Centro de coordinación para los prisioneros de guerra, entre ellos se encuentran unos 14.000 civiles. Al mismo tiempo, sólo se confirmó el paradero de 1.600 personas y logramos devolver a un número muy pequeño: 147 civiles.

Entre los prisioneros hay voluntarios, activistas públicos, personas con opiniones proucranianas, funcionarios y agentes del orden, ex militares y guardias fronterizos. Tanto aquellos que resistieron, como aquellos que no representaban ninguna amenaza para los ocupantes. Además, Rusia detiene ilegalmente a unos 3.500 convictos trasladados a su territorio desde centros penitenciarios ucranianos. Y tampoco debemos olvidar a los 208 pacientes de las clínicas psiquiátricas y a cientos de ancianos solitarios secuestrados de los territorios ocupados.

¿Como suele suceder?

El grupo “Nuestros seres queridos” reúne a 89 familias de la región de Kyiv. Cada una tiene un civil secuestrado por los ocupantes. Esta gente lleva casi dos años en cautiverio, según Anna Mushtukova, representante de la organización.

— En el municipio de Dymer fueron arrestadas 42 personas. No eran militares, tenían profesiones civiles y trabajaban en granjas. Nos dirigimos al CICR y recibimos respuestas sobre 33 de nuestros familiares. Nos dijeron que estaban detenidos como prisioneros de guerra. No sabemos si alguno de nuestros familiares ha sido acusado de delitos penales, no sabemos si alguno ha sido condenado en virtud de la legislación rusa.

El Grupo de derechos humanos de Járkiv investigó el esquema que suelen seguir los ocupantes secuestrando a nuestros ciudadanos. Crearon una red estructurada de dos niveles de lugares de detención ilegal y tortura de civiles.

— Al principio, los detenidos son enviados a cámaras de tortura — dice Yevgen Zakharov, Director del Grupo —. Se trata, por regla general, de locales no oficiales, en muy malas condiciones de mantenimiento. Sólo en la región de Járkiv hay información acerca de 33 cámaras de tortura que existieron durante la ocupación. Las personas detenidas permanecen en prisiones secretas hasta seis meses. En nuestra base de datos t4p están registradas 4.334 personas, entre ellas unos 200 menores.

Después, algunos de los detenidos son liberados y la mayoría son transportados a lugares oficiales de detención: centros de detención e instituciones penitenciarias en Rusia o en los territorios ocupados de Ucrania.

— Allí los mantienen separados de otros prisioneros — continúa Yevgen Zakharov —. No están incluidos en las estadísticas oficiales. El sistema general penitenciario de la Federación de Rusia no los contabiliza, los desconoce. Rara vez se lleva a los civiles a juicio. Estas personas están encarceladas sin ningún motivo, sin veredicto judicial, sin investigación, sin acusación, simplemente porque Rusia considera esto como algo normal.

Cabe mencionar el proceso de la filtración implementado por los invasores en los territorios ocupados al comienzo de la invasión a gran escala. Desde los puntos de filtración, las personas que parecen sospechosas para los ocupantes se retienen en campos de filtración por 30 días.

— En abril de 2022, para aquellos que no pasaron la filtración, se implementó en la llamada República Popular de Donetsk [RPD] el estatus de prisioneros mediante una orden especial: se condenaban a 10 años de prisión sin sentencia — explica el defensor de derechos humanos—. Esta orden, absolutamente ilegal y bárbara, incluso para los rusos, fue anulada después del “referéndum” de septiembre del 2022 sobre la anexión de la RPD a la Federación de Rusia, y algunos de los prisioneros fueron liberados. No se sabe exactamente cuántos y tampoco adónde fue a parar el resto. Hay una versión de que fueron transportados a prisiones rusas y condenados por los tribunales rusos “por oponerse a la operación militar especial”.

“Tribunales” e ilegalidad oculta

A algunos rehenes civiles Rusia considera como prisioneros de guerra. Una parte recibe el estatus de “personas que se oponen a la operación militar especial”.

— Es un término ilegal— subraya Yevhen Zakharov—. En el Código Penal de la Federación de Rusia no existe tal definición, ¡es nada desde el punto de vista de la ley!

Una persona puede permanecer en esa situación ilegal durante mucho tiempo. O sin ningún estatus oficial, todas las consultas sobre una persona reciben la respuesta: “la verificación está en curso”.

Sin embargo, como afirma Oleksandr Pavlichenko, sólo un pequeño número de personas secuestradas pasan por los llamados “procedimientos judiciales”: son acusados, tienen abogados, se llevan a cabo procedimientos judiciales o juicios públicos. Hay varias centenas de personas así.

— Muchas más personas simplemente están ocultas, a veces ni siquiera están registradas con sus datos personales, sino con una serie de números, principalmente en instituciones en el territorio no controlado por Ucrania. Los prisioneros son transportados a Mariupol, Berdyansk, donde simplemente desaparecen en la zona gris. No entran en el sistema del Servicio Penitenciario Federal de Rusia [SPFR]. Es un agujero negro incluso en la ausencia de ley. Se trata de un traslado deliberado de personas con la imposibilidad de rastrear dónde están y en qué condiciones... Es imposible establecer los datos personales de estas personas.

Así desapareció el marido de Tetiana Marina, el voluntario español Mariano García Calatayud. La mujer se unió a la ONG “Civiles en Cautiverio”.

— Actualmente no se sabe dónde está mi marido. Su último lugar de estancia conocido, confirmado por testigos, es el Centro de detención penal N° 2 en la ciudad de Simferopol. Y luego lo trasladaron a la prisión de Chongar. Es una nueva institución en el sistema penitenciario federal de Rusia. Aún no está registrado en Zonatelecom, no está en ninguna base. Es una prisión secreta. Creo que decidieron borrar toda la información sobre Mariano. Recibí una carta de la Fiscalía del Mar Negro de la Federación de Rusia en la que se decía que “el 1 de junio de 2023, el ciudadano español Mariano García Calatayud cruzó el puesto de control internacional de automóviles de Dzhankoy en dirección a la región de Jérson”. No se sabe exactamente cómo cruzó la frontera: si como persona libre o como parte de un convoy. En Chongar su rastro se perdió...

Condiciones en cautiverio

Según los defensores de derechos humanos, a día de hoy se conocen más de cien lugares de detención de civiles y prisioneros de guerra ucranianos.

— Las condiciones allí son terribles— dice Natalia Yashchuk—. Mucha gente tiene tuberculosis. Según nuestros datos, son el 20% de los detenidos ilegalmente. No reciben atención médica, su comida es horrorosa.

A menudo los prisioneros siguen usando la misma ropa con la que fueron detenidos. No se les proporcionan los medios de higiene. Se alimentan mal y a veces se les estropea la comida a propósito. Incluso conociendo el paradero del prisionero, los familiares no pueden enviarle las cosas más necesarias: medicinas y ropa de abrigo. Al mismo tiempo, los ucranianos suelen ser enviados a Rusia, a lugares con un clima duro.

Otro crimen internacional cometido contra nuestros civiles en cautiverio ruso es la imposición del pasaporte ruso, recuerda Natalia Yashchuk:

— Si una persona es inquebrantable, la meten en un centro penitenciario y la torturan hasta que acepte la ciudadanía de la Federación de Rusia.

¿Qué pasa con las instituciones internacionales?

La falta de supervisión y control efectivos por parte de las instituciones internacionales quedó en evidencia ya hace diez años. Desde entonces, este problema no se ha solucionado.

— Tanto en el territorio ucraniano ocupado, como en la Federación Rusa, donde son llevados los ucranianos, no hay control por parte de las instituciones internacionales, como el CICR, la misión de la OSCE — dice Oleksandr Pavlichenko —. Deberían realizar visitas independientes a los lugares de detención y averiguar quién está detenido, en qué condiciones, por qué motivos... El derecho internacional tiene una jurisdicción muy limitada. Cuando vemos algunas fotografías de los representantes del CICR visitando, por ejemplo, el centro de detención preventiva de Simferopol, es hasta cierto punto un evento preparado. Incluso cuando una persona va a ser intercambiada, la empiezan a alimentar y tratar mejor, se le permite vivir en mejores condiciones. Y luego, ya a la salida, la filman, los representantes de instituciones internacionales se reúnen con ella, creando una imagen más o menos positiva.

Respuesta del estado

Ucrania está tratando de movilizar la cooperación internacional a gran escala para el rescate de nuestros civiles.

— El 6 de febrero se celebró la primera reunión de la coalición internacional para crear una plataforma para la liberación de civiles — dice Oleksandr Kononenko, representante del Comisionado de derechos humanos del Parlamento de Ucrania en el sector de seguridad y defensa — . La plataforma fue creada tomando como ejemplo la Coalición Internacional para el retorno de los niños ucranianos. Además de Ucrania, los copresidentes de esta coalición son Canadá y Noruega; muchos estados ya han expresado su deseo de unirse a este grupo. La experiencia positiva en el tema de la devolución de los niños puede contribuir al regreso de otros civiles.

Victoria Petruk, experta del Centro de coordinación para los prisioneros de guerra, dijo que en el futuro próximo se realizarán cambios legislativos y el regreso de los civiles pasará oficialmente a ser competencia del Centro de coordinación. Aunque estos asuntos, de forma extraoficial, son tratados aquí desde hace mucho tiempo.

Sin embargo, la legislación ucraniana necesita más cambios.

— La ley prohíbe la transferencia de recursos financieros a un territorio no controlado, incluso a los tártaros de Crimea que están judicialmente procesados y necesitan un abogado — explica Oleksandr Pavlichenko—. La posibilidad de ofrecer asistencia humanitaria, atención médica, mejorar la alimentación e higiene, deben convertirse en las prioridades de la política estatal. Además, debería crearse el registro único de dichas personas. Actualmente existen registros en varios departamentos: en el Ministerio del Interior, en el Servicio de Seguridad de Ucrania, en el Centro de coordinación y en las organizaciones no gubernamentales. Necesitamos unificarlos y verificar mejor la información, reunida en un solo lugar, para comprender cuántas personas están realmente en cautiverio y para desarrollar mecanismos internacionales de regreso de los civiles.

Ayuda de defensores de derechos humanos

El nuevo proyecto del Grupo de derechos humanos de Járkiv tiene como objetivo buscar a prisioneros de guerra y civiles, desaparecidos o detenidos en los territorios ocupados, así como ayudar a sus familias.

— Entrevistamos a los que ya han sido intercambiados — explica el proceso de búsqueda Yevgen Zakharov —. Nos cuentan con quién estaban detenidos y dónde. Además, utilizamos fuentes abiertas. Otra forma de realizar búsquedas es mediante solicitudes de consulta. Por cada persona enviamos hasta 10 solicitudes a organizaciones ucranianas y hasta 40 a entidades rusas y de las llamadas Repúblicas Populares de Donetsk, Lugansk y Crimea. A veces simplemente nos confirman el lugar de detención de alguien, y también en la llamada RPD, después de nuestras solicitudes, fueron liberados dos prisioneros. A veces responden que la persona está en Rusia, pero no dicen dónde exactamente. Es un resultado positivo. La familia sabe que la persona está viva.

El Grupo de derechos humanos de Járkiv también ayuda a los que han sido condenados y cumplen su condena en la Federación de Rusia. Se unen al trabajo los defensores de los derechos humanos y los abogados rusos, que tienen el derecho legal a entrar en la institución penitenciaria y ver a los prisioneros ucranianos.

El Grupo de derechos humanos de Járkiv ofrece a las familias de prisioneros y desaparecidos asistencia jurídica, psicológica, humanitaria y, en algunos casos, incluso médica.

Además, el Grupo puso en marcha una línea directa donde pueden llamar personas que saben algo sobre prisioneros de guerra y civiles, encarcelados o desaparecidos en el territorio ocupado. El teléfono de la línea directa es 0 800 20 24 02.

— Por supuesto, no podemos dar garantías — afirma Yevgen Zakharov —. Sin embargo, a lo largo de los años de nuestro trabajo, logramos encontrar a más del 30% de las personas denunciadas como desaparecidas.