Ataques con drones FPV: la perspectiva del derecho internacional
Hasta el 11 de agosto de 2026, la iniciativa T4P ha documentado 4 137 ataques de este tipo; en 1 717 casos, las personas murieron, resultaron heridas o sufrieron otros daños a la salud.
Cuando una persona se vuelve objetivo
El 4 de agosto de 2026 apareció en las redes un vídeo del ataque de un dron FPV ruso contra un civil en Jersón. Según la Policía Nacional, un hombre de 52 años, residente en la región de Mykoláyiv, trabajaba como vendedor en un mercado local. En las imágenes difundidas, el dron persigue al hombre durante un tiempo antes de explotar a su lado. El afectado sobrevivió y contó que, durante la persecución, intentó mostrar al operador las verduras que vendía para hacerle entender que era un civil. Según su testimonio, la mercancía junto al vehículo era claramente visible; sin embargo, el dron no cesó el acoso y terminó impactando. La policía subrayó que la víctima no tenía relación alguna con el ejército y que el hecho se investiga como un crimen de guerra.
Por su parte, los canales rusos no negaron la autoría del ataque a una persona concreta. Sin embargo, tras la difusión del vídeo, intentaron justificar la agresión afirmando sin pruebas que el vehículo del vendedor transportaba “carga de doble uso” y vinculándolo al Ejército de Ucrania. En tales publicaciones describieron el impacto como “selectivo” y dirigido contra un “objetivo legítimo”. Asimismo, el comentarista ruso Andréi Fiódorov justificó la conducta de los militares alegando una supuesta “presión psicológica” provocada por los ataques ucranianos contra instalaciones en Rusia.
Un episodio similar ocurrió pocos días después en Sumy. El 6 de agosto, un dron FPV voló a través del distrito de Pishchane hacia la avenida Peremogy y atacó a un transeúnte en plena calle. El momento del seguimiento y del impacto quedó registrado por una cámara de videovigilancia.
La particularidad de estos ataques radica en el principio operativo de los drones FPV (First Person View o “vista en primera persona”). Se trata de pequeños dispositivos equipados con cámaras que transmiten imágenes al operador en tiempo real. Gracias a esto, el piloto observa el entorno desde la perspectiva del aparato, lo que le permite ajustar la dirección, aproximarse al objetivo seleccionado y corregir la trayectoria sobre la marcha. Aunque surgieron en el ámbito civil, durante la guerra ruso-ucraniana se convirtieron en un medio de combate masivo. Su uso se extendió con rapidez a lo largo de 2023, consolidándose en 2024 como un elemento clave de los combates.
La proliferación de esta tecnología incrementa de forma alarmante las víctimas civiles. El Fiscal General Ruslan Kravchenko informó que, desde el inicio de la invasión a gran escala, se han iniciado más de 16 000 procesos penales por ataques de drones de corto alcance contra la población. La mayoría de estos delitos se concentran en las regiones de Jersón, Donetsk, Dnipropetrovsk y Sumy. Según sus datos, estos ataques han afectado a casi 7 000 personas (entre ellas 179 niños) y han causado la muerte de 967 personas (incluidos 10 niños).
Por su parte, la iniciativa Tribunal para Putin ha documentado hasta el 11 de agosto de 2026 un total de 4 137 episodios bajo la categoría “Ataque con dron FPV”, de los cuales 1 717 resultaron en muertes, heridas u otros daños a la salud.
La combinación de las capacidades técnicas de los drones FPV con la naturaleza de estos ataques plantea interrogantes clave: ¿qué veía exactamente el operador al aproximarse al objetivo?, ¿de cuánto tiempo dispuso para identificarlo? y ¿decidió continuar la agresión tras comprender que se trataba de un civil? Determinar estos factores resulta crucial para establecer la calificación jurídica del ataque.
Si el operador ve el objetivo ¿cómo cambia la evaluación jurídica del ataque?
Cuando un dron FPV persigue a un individuo, surge la interrogante: ¿se diferencia este ataque de un impacto de misil en el que mueren civiles? Al fin y al cabo, el operador del dron puede observar el objetivo prácticamente hasta el momento del impacto, analizar su comportamiento y corregir el rumbo.
La regla fundamental del Derecho Internacional Humanitario (DIH) es inequívoca: las partes en un conflicto deben distinguir en todo momento entre combatientes y civiles, quedando prohibido dirigir ataques intencionados contra la población. Una persona civil solo pierde dicha protección mientras participe directamente en las hostilidades. Este principio está consagrado en el artículo 51 del Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra y forma parte del derecho internacional consuetudinario.
En un ataque contra un objetivo militar legítimo, la evaluación jurídica ante posibles daños civiles colaterales examina si la acción fue indiscriminada o si las pérdidas civiles resultarían excesivas respecto a la ventaja militar concreta y directa prevista. El DIH prohíbe expresamente tanto los ataques dirigidos contra civiles como aquellos de carácter indiscriminado o desproporcionado.
Por ello, el uso de drones FPV presenta matices relevantes. La posibilidad de ver el objetivo no agrava automáticamente el delito, pero resulta crucial para determinar qué sabía el operador y qué objetivo seleccionó efectivamente. Si en un vídeo se observa que el dron persigue a una persona concreta, cambia de dirección junto a ella y no hay objetivos militares evidentes en la zona, estas circunstancias constituyen pruebas de gran peso para la investigación. A la inversa, la mera presencia de una cámara no basta para concluir de forma automática que existió intencionalidad; es necesario probar qué veía el piloto, si era posible identificar al individuo como civil, si existían motivos para considerarlo un objetivo militar cercano y qué contexto precedió al impacto.
La cuestión de fondo no radica en si el uso de un dron FPV constituye una infracción más grave que el empleo de un misil. Lo determinante es establecer si las capacidades técnicas del dron permitían al operador identificar la condición civil del objetivo y si, a pesar de ello, decidió continuar la agresión. Si la investigación demuestra que el piloto tuvo tiempo y medios para comprender que se trataba de un no combatiente y actuó de manera consciente, se evidencia la elección deliberada de atacar a una persona protegida por el DIH.
¿Quién asumirá la responsabilidad por un ataque así?
El derecho penal internacional se rige por el principio de responsabilidad penal individual. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) sanciona no solo a quien ejecuta directamente el crimen, sino también a quienes lo ordenan, instigan o facilitan intencionadamente su comisión (artículo 25).
En los ataques con drones FPV, las investigaciones deben identificar a quien pilotaba el dispositivo, la información de la que disponía sobre el terreno y las órdenes recibidas. Pero si se establece que otros militares ordenaron atacar a una persona civil concreta o a una categoría de civiles, la responsabilidad también puede recaer en quienes dieron las órdenes correspondientes o participaron de otro modo en la toma de decisión. El artículo 25 del Estatuto de Roma prevé que la responsabilidad surge, entre otros supuestos, por la comisión del delito, la orden de cometerlo, la instigación o la facilitación intencionada de su ejecución.
Por otra parte, el derecho internacional contempla la responsabilidad de los comandantes y otros superiores. Para ello deben concurrir los requisitos legalmente establecidos: el control efectivo sobre los subordinados; el conocimiento o —en el caso de un comandante militar según el Estatuto de Roma— las circunstancias en las que debía haber sabido que se estaban cometiendo o preparando dichos delitos; y la falta de adopción de las medidas necesarias y razonables para prevenirlos, reprimir su ejecución o denunciar los hechos ante las autoridades competentes. Estos principios se recogen en el artículo 28 del Estatuto de Roma y en el derecho internacional humanitario consuetudinario.
En este sentido, en junio de 2026 el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) notificó la sospecha in absentia a diez operadores de sistemas no tripulados del 404.º Regimiento de Infantería Motorizada de la Defensa Territorial, perteneciente al grupo de tropas ruso “Dniéper”. Según la investigación, los efectivos rastreaban los desplazamientos de civiles en Jersón para dirigir contra ellos drones de ataque. Entre los episodios documentados figuran agresiones contra transporte civil, barrios residenciales, ambulancias y equipos de rescate. A los diez imputados se les atribuyen crímenes de guerra en virtud del artículo 438 del Código Penal de Ucrania.
