Cómo Rusia usa armas químicas contra los militares ucranianos
Según datos del Estado Mayor de Ucrania, desde el inicio de la invasión a gran escala ya se han registrado más de 13 mil casos de uso de sustancias químicas peligrosas contra el Ejército de Ucrania. Se trata, en particular, de granadas de gas con sustancias CS y CN.
Casos de uso
El 11 de mayo de 2026, el 225.º Regimiento de Asalto de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó que militares rusos lanzaron desde un dron una granada de gas sobre un búnker de combatientes ucranianos. Los soldados lograron abandonar el búnker a tiempo y las pruebas fueron entregadas a las autoridades competentes para registrar el crimen de guerra. No es un caso aislado. Solo en marzo de 2026 se registraron cerca de 400 de estos ataques. La mayor intensidad de uso ocurrió en abril de 2025, cuando los militares ucranianos registraron 894 casos en un solo mes. El Estado Mayor señala que las tropas rusas utilizan sistemáticamente sustancias irritantes junto con los medios tradicionales de ataque por fuego. Específicamente, se trata de granadas de gas de los tipos K-51 y RG-Vo, que suelen estar cargadas con las sustancias CS y CN.
El CS es clorobencilidenomalononitrilo, una de las sustancias de acción irritante más comunes. El CN es cloroacetofenona, un tipo más antiguo de sustancia lacrimógena. Ambos compuestos pueden causar rápidamente irritación en los ojos, la piel y las vías respiratorias, desorientar temporalmente a una persona o forzarla a abandonar su refugio. Precisamente por eso su uso en el frente es especialmente peligroso. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC) clasifica al CS y al CN como riot control agents (agentes para el control de disturbios): compuestos químicos que incapacitan temporariamente a una persona mediante la irritación de los ojos, la boca, la garganta, los pulmones y la piel.
En marzo de 2026, la Fiscalía de la Región de Járkiv, junto con el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), notificó la sospecha a nueve militares de la 136.ª Brigada de Infantería Motorizada del ejército ruso. Se les acusa de emplear medios de guerra prohibidos por el derecho internacional. El caso aborda el uso de granadas químicas RG-Vo y K-51 contra militares ucranianos en las inmediaciones del pueblo de Tykhe, en Járkiv, las cuales contenían las sustancias irritantes CS y CN. Según la investigación, la orden de utilizar las granadas químicas pudo haber venido del comandante de la brigada, Ruslan Nazarenko. Los investigadores vinculan la organización y dirección de esas operaciones de drones con los comandantes de las unidades de reconocimiento, mientras que el suministro y la preparación de dichas municiones, según los materiales del caso, corrieron a cargo del jefe del servicio de defensa radiológica, química y biológica, Aleksandr Kulikov. Las fuerzas del orden califican estas acciones como una violación no solo de la legislación ucraniana, sino también de las normas internacionales, en particular de las disposiciones de la Cuarta Convención de La Haya sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre y de la Convención sobre las Armas Químicas. En Ucrania, los sospechosos podrían enfrentar hasta 12 años de prisión bajo el cargo de crímenes de guerra.
En repetidas ocasiones Rusia ha utilizado también municiones de fósforo. Estos informes aparecieron ya al principio de la invasión a gran escala: en marzo de 2022, el entonces jefe de la Administración Militar Regional de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, denunció el probable uso de estas municiones en Marinka, Krasnohorivka y Novomykhailivka, tras lo cual 11 civiles heridos fueron trasladados al hospital, entre ellos niños. En noviembre del mismo año, Ukrinform, citando una intercepción de comunicaciones del SBU, informó que un militar ruso admitía en una conversación el uso de municiones de fósforo contra las fuerzas ucranianas en Bajmut. El peligro de estos medios radica en su acción incendiaria: el fósforo blanco puede causar incendios a gran escala y lesiones graves, y su uso en zonas pobladas o contra la población civil constituye una grave violación del derecho internacional humanitario.
¿Cómo reacciona el mundo?
Entre 2024 y 2025, la Secretaría Técnica de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) realizó tres visitas de asistencia técnica a Ucrania. Según informó la organización, los resultados de los tres informes confirmaron que las muestras recolectadas por la parte ucraniana en el campo de batalla contenían la sustancia química tóxica CS.
Asimismo, Associated Press informó que los servicios de inteligencia de los Países Bajos y Alemania llegaron a la conclusión de que el uso por parte de Rusia de medios químicos prohibidos en Ucrania ha adquirido un carácter regular y no es casual. Según sus evaluaciones, la utilización de tales sustancias se ha vuelto “estandarizada y habitual” para las tropas rusas. Se trata, concretamente, de la aplicación de cloropicrina y de la sustancia CS contra los militares ucranianos que se encontraban en trincheras, búnkeres u otros refugios. Rusia, por su parte, ha negado anteriormente el uso de armas químicas.
En mayo de 2025, el Consejo de la UE introdujo medidas restrictivas adicionales contra tres unidades e instituciones de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. En la lista de sanciones se incluyeron las tropas de defensa radiológica, química y biológica, el 27.º Centro Científico y el 33.º Instituto Central de Investigación Científica y Pruebas del Ministerio de Defensa de Rusia. El motivo de tal decisión fueron los informes de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas publicados en noviembre de 2024 y febrero de 2025. En ellos se confirmaba que en las muestras recogidas en la línea del frente en Ucrania se encontraron sustancias para el control de disturbios, en particular CS y compuestos relacionados. En la decisión del Consejo de la UE se señalaba que Rusia no proporcionó una explicación creíble para el uso ampliamente documentado de sustancias destinadas al control de disturbios. En este contexto, la Unión Europea instó a la OPAQ a determinar oportunamente la responsabilidad por los casos probados de uso de tales sustancias como método de guerra.
¿Qué dice el derecho internacional?
La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas explica que la Convención sobre las Armas Químicas no permite el uso de medios de control de disturbios como método de guerra. Esto está expresamente estipulado en el Artículo I, párrafo 5 de la Convención: los Estados Partes se comprometen a no emplear agentes para el control de disturbios como método de guerra en el campo de batalla. Se trata de medios químicos que en tiempos de paz pueden ser utilizados por las fuerzas del orden, por ejemplo, para el control de multitudes. Sin embargo, en condiciones de combate su estatus jurídico cambia: si dichas sustancias se aplican contra militares durante el combate, ya no se consideran un “medio policial”, sino que se examinan como armas químicas, prohibidas por el derecho internacional.
El Artículo II, párrafo 7 de la Convención define un agente para el control de disturbios como cualquier sustancia química no enumerada en las listas de sustancias prohibidas, capaz de producir rápidamente en los seres humanos irritación sensorial o efectos de incapacidad física que desaparecen al poco tiempo de cesar la exposición. A esta categoría pertenecen precisamente las sustancias irritantes utilizadas en las granadas de gas.
Al mismo tiempo, la Convención exige que los Estados declaren todas las sustancias químicas tóxicas que posean para fines de control de disturbios. Esto es necesario para el control internacional: tales medios no deben convertirse en un instrumento para la conducción de la guerra. Por lo tanto, los casos de su aplicación en el frente requieren una verificación, peritaje y evaluación jurídica independientes.