Cómo Rusia expolia el patrimonio arqueológico de los territorios ocupados
En la foto: a la izquierda, parte del tesoro de dírhams istrios expoliado del Museo de Etnografía e Historia Local de Jersón (foto: NAZK); en el centro, Aleksandr Butiaguin (foto: timepad.ru); a la derecha, el Quersoneso (foto: Wikipedia / Dmitry A. Mottl).
Cómo lleva a cabo Rusia las excavaciones en los territorios ocupados
Tras la anexión ilegal de Crimea en 2014, Rusia comenzó a aplicar en la península su propia normativa de protección del patrimonio cultural. El Ministerio de Cultura ruso empezó a expedir permisos para trabajos arqueológicos mientras grandes museos e institutos científicos de la Federación Rusa participaron en las expediciones. Ucrania nunca concedió sus autorizaciones ni estas intervenciones fueron acordadas con las autoridades ucranianas. Según la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania (GUR), las instituciones rusas obtuvieron licencias para excavar en la Crimea ocupada al menos durante el periodo 2014-2023. En ese tiempo, arqueólogos rusos trabajaron en varios yacimientos emblemáticos de la península y los objetos hallados pasaron a manos de organismos controlados por Moscú.
Uno de estos enclaves fue Mirmecio, un antiguo asentamiento situado en la actual Kerch y catalogado como monumento arqueológico de importancia nacional. Durante años, la expedición en este lugar estuvo dirigida por el arqueólogo ruso Aleksandr Butiaguin, jefe del Departamento de Arqueología Clásica de la Región Septentrional del Museo Estatal del Hermitage. Antes de la ocupación de Crimea, Butiaguin trabajó legalmente en Mirmecio y colaboró con especialistas ucranianos. Tras 2014, el Ministerio de Cultura de Ucrania dejó de expedirle permisos, pero la expedición del Hermitage continuó su labor al margen de la legalidad ucraniana. Según el GUR, Butiaguin dirigió excavaciones en el yacimiento al menos entre 2014-2018 y 2021-2023.
El hallazgo más célebre de esta misión fue un tesoro descubierto en agosto de 2022. En el interior de una vasija de arcilla, los arqueólogos encontraron 30 monedas de oro: 26 acuñadas con el nombre de Alejandro Magno y otras cuatro durante el reinado de su hermano, Filipo III Arrideo. Según el medio público Suspilne, el tesoro fue trasladado a Rusia y la fiscalía ucraniana estimó su valor en más de 8,5 millones de grivnas. El GUR incluyó estas monedas en la lista de bienes culturales usurpados por Rusia en territorio ocupado. Asimismo, las fuerzas de seguridad ucranianas abrieron un proceso penal contra Butiaguin: inicialmente se le imputaron cargos por prospecciones ilegales en un sitio del patrimonio arqueológico y, en 2026, se amplió la calificación jurídica del caso para investigarlo también por violación de las leyes y costumbres de la guerra.
Otros dos recintos de gran relevancia son Ninfeo y Panticapeo, también en Kerch. Según el GUR, a partir de 2014 se trasladaron desde allí a Rusia al menos 164 piezas arqueológicas, entre cerámica, fragmentos de vajilla, objetos de metal y hueso, y otros artefactos. En Ninfeo operaron empleados del Museo del Hermitage y, posteriormente, representantes de la Academia de Ciencias de Rusia. En Panticapeo, las excavaciones prosiguieron de la mano del Museo Estatal de Bellas Artes Pushkin bajo la dirección de Vladímir Tolstikov, quien obtenía regularmente autorizaciones del Ministerio de Cultura ruso para trabajar en la Crimea ocupada. Buena parte de los objetos descubiertos allí también pasaron a engrosar el registro de bienes culturales que el GUR considera expoliados del territorio ucraniano.
Sin embargo, las alteraciones de mayor envergadura emprendidas por las autoridades rusas se produjeron en la ciudad antigua de Quersoneso, en Sebastopol, que, junto con su chora (territorio agrícola circundante), forma parte de la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Tras la ocupación de Crimea, comenzaron nuevas campañas arqueológicas en el recinto y, más adelante, se edificó en sus inmediaciones un macrocomplejo bautizado por Moscú como “Nuevo Quersoneso”, compuesto por pabellones museísticos, edificios monásticos, un parque y otras infraestructuras. Según la documentación presentada por Ucrania ante la UNESCO en 2026, las obras abarcaron unas 24 hectáreas y la superficie construida asciende a aproximadamente 40 000 metros cuadrados. Parte de estas obras se ejecutaron sobre parcelas de la ciudad antigua y de su necrópolis. La parte ucraniana denunció el uso de maquinaria pesada capaz de destruir el estrato arqueológico: ciertas áreas fueron excavadas con urgencia por arqueólogos rusos antes de levantar encima las nuevas instalaciones. Ucrania jamás autorizó estas intervenciones y la UNESCO no recibió notificación previa alguna sobre unas modificaciones de semejante escala en el sitio protegido.
A partir de la invasión a gran escala del 24 de febrero de 2022, Rusia comenzó a expedir permisos de excavación también para otras regiones ucranianas ocupadas. Según estimaciones del Centro Regional de Derechos Humanos, tan solo entre enero y mayo de 2026 las instituciones rusas emitieron al menos 56 autorizaciones en Crimea y otras 11 en las zonas ocupadas de las provincias de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón.
Entre los arqueólogos que operan en estos territorios, el GUR señala a Eduard Kravchenko, quien antes de 2022 dirigía expediciones en la región de Donetsk, concretamente en la costa del mar de Azov y la cresta de Donetsk. En septiembre de 2024, Kravchenko obtuvo un permiso del Ministerio de Cultura ruso para intervenir simultáneamente en las zonas ocupadas de Donetsk y Zaporiyia, y entre 2025 y 2026 recibió nuevas licencias para operar en Crimea.
Otro nombre destacado es el de Aleksandr Kolesnik, quien entre 2024 y 2025 obtuvo tres autorizaciones rusas para excavar en la provincia ocupada de Donetsk. Kolesnik encabeza además el proyecto “Arqueología de los nuevos territorios: de Donetsk a Krasnoyarsk”. Según el GUR, esta iniciativa cuenta con financiación de la Fundación de Subvenciones Presidenciales de Rusia y entre sus objetivos figura promover la narrativa de que el Donbás forma parte de la llamada “Rusia histórica”.
Asimismo, de acuerdo con el GUR, Larisa Shepko, profesora de la autodenominada “Universidad Estatal de Donetsk”, coordina la participación de estudiantes en prácticas arqueológicas en los territorios ocupados y colabora estrechamente con instituciones científicas y museísticas rusas. Parte de estas estancias se desarrollan en colaboración con la reserva-museo de Quersoneso en Sebastopol, subordinada a Rusia tras la ocupación. Para el alumnado de la Donetsk ocupada, estos desplazamientos forman parte de su currículo académico: realizan prácticas en centros de la Federación Rusa, excavan yacimientos sin el consentimiento de Ucrania y se integran progresivamente en el entramado profesional ruso. A través de estos programas se forma a una nueva generación de arqueólogos para quienes los permisos de Moscú y la tutela de los museos rusos sobre el patrimonio ucraniano se normalizan como un trámite habitual de su oficio.
Una vez concluidas las excavaciones, los hallazgos quedan bajo el control de entidades subordinadas a Rusia. Según el portal War&Sanctions, tanto el “Museo Regional de Etnografía de Donetsk” como el “Museo Regional de Etnografía de Lugansk”, controlados por las autoridades de ocupación, participaron en la organización de prospecciones arqueológicas. Tras las campañas, las piezas se inscriben formalmente en el sistema museístico ruso y pasan a figurar en sus catálogos estatales. De este modo, se altera también la trazabilidad documental del objeto: una pieza hallada en suelo ucraniano recibe un número de inventario de una institución rusa, se cataloga bajo sus criterios y puede presentarse en futuras exposiciones o publicaciones científicas como parte del patrimonio de la Federación Rusa. Para Ucrania, el daño no se limita al traslado físico del artefacto; con ello, Rusia se arroga también la potestad de interpretarlo, custodiarlo y exhibirlo como propio.
Tras la ocupación de parte de la provincia de Zaporiyia, cayó también bajo control ruso la “Tumba de Piedra” (Kamiana Mohyla), cerca de Melitópol, un santuario arqueológico único con miles de petroglifos estudiado durante décadas por especialistas ucranianos. Junto con el monumento, Rusia asumió el control de los fondos de la reserva, parte de los cuales fueron incluidos posteriormente por el GUR en el listado de bienes culturales expoliados. En dicho registro, la “Tumba de Piedra” figura junto a otros bienes sustraídos, como hallazgos procedentes de necrópolis y túmulos de Crimea o piezas de la Galería de Pintura de la Ciudad de Nova Kajovka.
Un hallazgo arqueológico carece de pleno valor científico si se aísla de su contexto: para los investigadores es indispensable conocer su ubicación exacta, su profundidad, el entorno inmediato y el estrato al que pertenecía. Estos datos permiten determinar la época del yacimiento, la función de las estructuras y el modo de vida de sus antiguos pobladores. Una vez excavado un terreno, resulta imposible devolverlo a su estado original; si los trabajos se ejecutan de manera precipitada, sin registro riguroso o vulnerando la metodología científica, se pierde para siempre una información irremplazable junto con el propio estrato. En los territorios ocupados, todo el circuito queda en manos de instituciones rusas: el permiso lo expide un organismo de Moscú, la excavación la ejecuta un centro ruso y las piezas se catalogan según la normativa de la Federación Rusa. Paralelamente, se transforma el discurso histórico: en los proyectos rusos sobre los “nuevos territorios”, la “Novorrosia” o la “Rusia histórica”, los materiales arqueológicos ucranianos se instrumentalizan para relatar el pasado de la región desde una óptica exclusivamente rusa. En este escenario, el conflicto trasciende la mera custodia física de la pieza: importa quién la describe, a qué relato histórico la vincula y bajo qué narrativa se muestra al público.
¿Tiene Rusia derecho a excavar y quién debe responder por ello?
Conforme a la Convención de La Haya de 1954, la potencia ocupante tiene la obligación de salvaguardar y preservar los bienes culturales en el territorio bajo su control y, en la medida de lo posible, cooperar con las autoridades competentes del Estado ocupado. Asimismo, el derecho internacional prohíbe el hurto, el saqueo, la apropiación indebida y la exportación de bienes culturales. Una autorización administrativa —conocida en la práctica rusa como otkryty list (carta abierta)— o cualquier otro permiso expedido por el Ministerio de Cultura ruso no altera el estatus jurídico del territorio ocupado ni otorga legitimidad alguna para disponer del patrimonio arqueológico ucraniano.
Por otro lado, el derecho internacional no exige abandonar a su suerte un monumento en riesgo: si un sitio arqueológico ha sufrido daños a causa de las hostilidades, corre peligro de derrumbe o amenaza con perderse, pueden justificarse intervenciones urgentes de conservación y documentación.
En este sentido, el Segundo Protocolo de 1999 de la Convención de La Haya estipula que las excavaciones arqueológicas en territorio ocupado solo se permiten cuando resultan estrictamente indispensables para salvaguardar, registrar o proteger los bienes culturales. Existe, no obstante, un matiz jurídico: Ucrania es Estado parte de este protocolo, mientras que Rusia no lo ha ratificado. Por ello, la evaluación legal de las acciones rusas no se limita a dicho instrumento, sino que se sustenta en las normas generales del derecho de ocupación, el deber de preservar el patrimonio y la prohibición absoluta de dañarlo, apropiárselo o trasladarlo ilegalmente.
En cuanto a la responsabilidad penal individual de un arqueólogo, esta no se deriva de forma automática por el mero hecho de participar en una campaña; en cada caso debe acreditarse la conducta concreta de cada implicado. El director de una expedición solicita los permisos, delimita las áreas de excavación, organiza la extracción de los materiales y decide su destino final, mientras que la participación de un estudiante, un técnico de laboratorio o un auxiliar tiene un alcance mucho más limitado. Para la investigación judicial resulta determinante demostrar si el especialista era consciente de operar en un territorio ocupado. En los casos relativos a Crimea, esto se acredita contrastando su actividad previa con permisos ucranianos, la posterior tramitación de licencias rusas tras 2014, sus publicaciones, entrevistas y su participación reiterada en expediciones durante años. Asimismo, se evalúa el alcance del daño: qué sectores fueron intervenidos, qué piezas se extrajeron, si el yacimiento sufrió alteraciones irreversibles y dónde acabaron los hallazgos.
Esta es precisamente la línea que sigue el proceso judicial contra Aleksandr Butiaguin, director de la expedición del Hermitage en Mirmecio. Tras imputarle inicialmente excavaciones ilegales en un sitio protegido, la justicia ucraniana recalificó los cargos en 2026 como crimen de guerra (violación de las leyes y costumbres de la guerra). La fiscalía analiza no solo el hecho de haber excavado sin permiso en la Crimea ocupada, sino la envergadura de las intervenciones, la alteración del yacimiento y el traslado de las piezas. Butiaguin rechaza los cargos, mientras que sus colegas rusos sostienen que la misión tenía fines estrictamente científicos y de conservación.
¿Con qué propósito actúa Rusia?
Tras las excavaciones, los materiales ingresan en fondos museísticos y científicos donde son catalogados, datados e integrados en un discurso histórico más amplio. En los territorios ocupados, esta labor recae cada vez más en museos, universidades y centros de investigación rusos que, mediante exposiciones, catálogos y programas educativos, construyen su propia narrativa sobre el pasado de Crimea, Donetsk, Lugansk y Zaporiyia.
En 2024 se inauguró junto al Quersoneso, en Sebastopol, el complejo del “Nuevo Quersoneso”, creado por mandato directo de Vladímir Putin. Una de sus piezas centrales es el Museo de Crimea y de la Novorrosia, que abarca cerca de 12 000 metros cuadrados y recorre la historia desde la Antigüedad hasta nuestros días mediante instalaciones multimedia y recreaciones. La narrativa oficial rusa prioriza de forma selectiva el episodio del bautismo del príncipe Volodymyr y los orígenes del cristianismo ruso, relegando a un segundo plano la enorme riqueza de los periodos clásico y bizantino del yacimiento.
Ya en septiembre de 2023 abrieron sus puertas los parques multimedia “Rusia: mi historia” en las ciudades ocupadas de Lugansk y Melitópol. La muestra de Lugansk, centrada en la historia del Donbás desde la Rus de Kiev hasta la actualidad, justificaba su enfoque argumentando que la historia de la llamada “Novorrosia” y de Rusia debía presentarse como un proceso único e indivisible. Con una superficie de unos 5000 metros cuadrados, el centro acoge visitas guiadas y actividades escolares, dirigidas a moldear la visión histórica tanto de adultos como de niños y jóvenes.
En 2026 se inauguró un parque similar en la Donetsk ocupada. Su recorrido expositivo sitúa el origen de las “regiones de la Novorrosia” en la época cosaca y la fundación de las ciudades del mar de Azov, para presentar después el Donbás como motor industrial de Rusia. De este modo, hechos de épocas muy diversas se ensamblan en una secuencia lineal diseñada para legitimar la actual ocupación rusa.
La labor arqueológica se integra directamente en este engranaje ideológico. El ya citado proyecto de Aleksandr Kolesnik, “Arqueología de los nuevos territorios rusos: de Donetsk a Krasnoyarsk”, recibió en 2025 una dotación de 484 000 rublos de la Fundación de Subvenciones Presidenciales en la categoría de “conservación de la memoria histórica”. Según el GUR, la iniciativa busca respaldar la tesis de que el Donbás es parte indisociable de la “Rusia histórica”, una línea de trabajo respaldada por las tres licencias de excavación que Kolesnik obtuvo entre 2024 y 2025 para intervenir en Donetsk.
El vínculo entre la arqueología de campo y esta política de la memoria ha sido analizado por el arqueólogo Gert Jan Pleijt, de la Universidad de Utrecht. En un estudio publicado en 2026, el investigador rastrea los proyectos arqueológicos y museísticos rusos en Crimea y en las provincias de Donetsk, Lugansk y Zaporiyia. A su juicio, tras la ocupación de Crimea, Moscú comenzó a potenciar selectivamente aquellos hitos que permiten trazar una supuesta continuidad histórica entre la península y Rusia: en Quersoneso, el bautismo del príncipe Volodymyr; en el sur y el este de Ucrania, el mito imperial de la “Novorrosia”. Pleijt subraya que, a partir de 2022, proliferaron en los territorios ocupados filiales de la Sociedad Geográfica Rusa, congresos históricos e iniciativas museísticas orientadas a reinterpretar el pasado del Donbás bajo el prisma exclusivo de la “Novorrosia”. Paralelamente, investigadores y voluntarios locales son trasladados a congresos en Rusia, mientras las instituciones de las zonas ocupadas quedan absorbidas por las redes científicas y museísticas federales.
El caso de la “Tumba de Piedra” ilustra a la perfección esta estrategia. Tras la ocupación, el santuario cercano a Melitópol fue puesto bajo la tutela de estructuras vinculadas a Quersoneso, de modo que hoy son entidades rusas las que gestionan su conservación, estudio y explotación turística. Al mismo tiempo, el centro “Rusia: mi historia” de Melitópol encuadra el pasado de la región dentro de la cronología oficial rusa.
En última instancia, los hallazgos extraídos de los territorios ocupados acaban en museos e instituciones científicas de Rusia, donde se catalogan, se registran y se exhiben como parte de su propio acervo. De este modo, los artefactos de Crimea, el Donbás o la región de Azov pasan a presentarse como capítulos de la historia rusa. Así es como Moscú no solo se apropia de los objetos materiales, sino que intenta arrebatar también el derecho a decidir a quién pertenece la memoria de estas tierras.
