Cómo Rusia secuestra a los niños ucranianos y borra su identidad

Las investigaciones internacionales, los testimonios de los niños y los datos de las autoridades ucranianas indican que no se trata solo de un crimen de guerra, sino de una política deliberada de destrucción de la identidad ucraniana.

Recientemente, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre Ucrania declaró que la deportación y el traslado forzoso de niños ucranianos por parte de Rusia constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Así consta en el informe de la comisión.

El documento señala que las pruebas verificadas sobre el traslado de al menos 1.205 niños de cinco regiones de Ucrania confirman el carácter sistémico de estas acciones y su calificación como crímenes internacionales.

La Comisión también subraya que las autoridades rusas omitieron sistemáticamente informar a los padres y tutores legales sobre el paradero de sus hijos, manteniéndolos retenidos por la fuerza e impidiendo de facto su regreso. Al mismo tiempo, Rusia no ha creado ningún mecanismo eficaz que facilite el retorno de los niños deportados a sus hogares. Por el contrario, según datos de la ONU y de la parte ucraniana, las autoridades de ocupación no solo intentaron colocar a los niños en familias rusas o instituciones en territorio de la Federación Rusa de forma permanente, sino que también los sometían sistemáticamente a programas de influencia ideológica. Específicamente, bajo el pretexto de las llamadas “excursiones culturales y educativas”, los niños de los territorios temporalmente ocupados son trasladados a Rusia en el marco del proyecto “Mapa Cultural 4+85”, iniciado por el Ministerio de Cultura de la Federación Rusa e implementado por la entidad estatal “Roscontsert”. Formalmente, este proyecto se presenta como una vía para el “conocimiento cultural de Rusia”; pero, en realidad, se trata de la integración de niños ucranianos en el espacio sociocultural ruso, la imposición de narrativas históricas y culturales del Kremlin y el intento de moldearlos como “nuevos ciudadanos” leales a Moscú. La Inteligencia de Defensa de Ucrania (GUR) enfatiza que tales acciones forman parte de la agresión humanitaria de Rusia, orientada a borrar la identidad nacional ucraniana y a criar en los territorios ocupados a una generación de niños que se identifiquen con el Estado agresor.

En total, hasta finales de marzo de 2023, las autoridades ucranianas confirmaron más de 19.500 casos de deportación o traslado forzoso de niños desde los territorios temporalmente ocupados. Este es el número de menores inscritos en los registros estatales tras recibir denuncias de padres, familiares, testigos y autoridades locales, verificadas posteriormente por los organismos competentes. Al mismo tiempo, en el registro de personas desaparecidas del Ministerio del Interior hay unos 2.000 niños.

Los testimonios de los niños recuperados y los resultados de las investigaciones internacionales y ucranianas indican que no se trata solo de un desplazamiento ilegal, sino de una política sistémica de asimilación. Se obliga a los niños a hablar ruso, a cantar el himno nacional de Rusia, a participar en eventos propagandísticos y patriótico-militares y, en algunos casos, se les entrena en el manejo de armas.

Una vertiente específica de esta política es la adopción forzosa de niños ucranianos en Rusia. Los menores trasladados son incluidos en bases de datos rusas donde se les presenta como ciudadanos de Rusia, modificando sus datos personales, incluyendo nombres, lugar y fecha de nacimiento. La legislación rusa fue modificada para simplificar los procedimientos de tutela y posterior adopción. Inicialmente, los niños son entregados en tutela temporal, tras lo cual se les otorga la ciudadanía rusa, lo que abre el camino a la adopción definitiva.

Esta práctica se lleva a cabo con el apoyo de la más alta cúpula política de Rusia. El presidente ruso, Vladímir Putin, firmó decretos que simplifican la naturalización de niños ucranianos e instruyó facilitar su traslado. Debido a esto, el 17 de marzo de 2023, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Putin y la comisionada para los derechos de la infancia, María Lvova-Belova, bajo sospecha de deportación y traslado ilegal de niños ucranianos.

La comunidad internacional ha condenado repetidamente estas acciones. En particular, el 5 de abril de 2023, 49 países emitieron una declaración conjunta contra los intentos de Rusia de justificar la deportación de niños en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.

El proceso de repatriación de los niños sigue siendo complejo y prolongado. La Oficina del Fiscal General de Ucrania subraya que, a día de hoy, no existe un protocolo o mecanismo transparente único que permita el retorno efectivo de los niños ucranianos deportados a Rusia. Según Yuliya Usenko, jefa del Departamento para la Protección de los Intereses de la Infancia de la Fiscalía, cada regreso es una historia aislada que requiere un plan de acción individual y la interacción de familias, organismos estatales, diplomáticos y organizaciones internacionales. Destacó que, incluso con miles de casos confirmados de deportación, solo una pequeña parte de los niños ha logrado regresar a casa; detrás de cada cifra está el destino de un niño específico y su familia. El proceso de retorno suele durar meses y, en el caso de los niños huérfanos, la situación es aún más crítica, ya que Rusia no muestra disposición para un diálogo constructivo.

Según el presidente Volodímir Zelenski, al 17 de febrero de 2026, Ucrania ha logrado devolver a sus hogares a cerca de 2.000 niños ucranianos que se encontraban en territorios ocupados o que habían sido trasladados a Rusia. Este resultado se ha logrado, entre otros, en el marco de la iniciativa Bring Kids Back UA, que une los esfuerzos del Estado, organizaciones de la sociedad civil y socios internacionales.