Comisión parlamentaria especial temporal ‘imprescindible’
El 1 de julio de 2022, el Parlamento de Ucrania instituyó una Comisión especial temporal acerca de asuntos del derecho internacional humanitario y penal en el contexto de la agresión armada de Rusia contra Ucrania (en adelante la Comisión). La Comisión fue autorizada a trabajar durante un año y el 23 de agosto de 2023, el Presidente del Parlamento anunció el cierre de sus actividades. ¿Qué legado deja la Comisión? Muy modesto, como podemos comprobar.
La Comisión tiene varios objetivos asignados:
- Elaborar y perfeccionar los proyectos de leyes y normas parlamentarias de Ucrania referentes a: implementación de principios y normas del derecho internacional humanitario y penal que regulan el comportamiento de las partes del conflicto y establecen la responsabilidad por cometer crímenes internacionales; observancia y protección de los derechos y libertades de las personas en las áreas de hostilidades y en los territorios temporalmente ocupados (civiles, heridos y enfermos, prisioneros de guerra y otros), protección de bienes de carácter civil, incluidos los culturales, durante la Ley marcial;
- Realizar un examen preliminar y preparar conclusiones sobre proyectos de programas nacionales, dar consentimiento al carácter vinculante de los tratados internacionales de Ucrania y denunciar los tratados internacionales de Ucrania referentes a estas cuestiones;
- En interacción con el Gabinete de Ministros de Ucrania, el Comisionado del Parlamento de Ucrania para los derechos humanos sobre la observancia y protección de los derechos y libertades humanos y civiles en las áreas de hostilidades y en los territorios temporalmente ocupados (civiles, heridos y enfermos, prisioneros de guerra y otros).
Cada objetivo arriba mencionado parece importante y urgente teniendo en cuenta que, en el momento de la creación de la Comisión, Ucrania se encuentra desde hace tiempo en la vorágine del conflicto armado desatado por la Federación Rusa, que el 24 de febrero de 2022 se convirtió en la invasión a gran escala. En tales condiciones, la creación de una unidad parlamentaria especial que se ocuparía de las cuestiones del derecho internacional humanitario y penal y de la protección de los derechos humanos en las áreas de hostilidades y en los territorios temporalmente ocupados sería una medida totalmente necesaria y justificada. Sin embargo, las actividades reales de la Comisión parecen estar muy lejos de un cumplimiento exitoso de los objetivos que le fueron asignados.
En primer lugar, la Comisión fue asignada como comité principal para un solo proyecto de ley, a saber: “Sobre la aplicación y observancia de las normas del derecho internacional humanitario en Ucrania” N.º 8628, de 6 de diciembre de 2022. No está claro por qué la Comisión no fue asignada como comité principal, por ejemplo, para numerosos proyectos de ley sobre las enmiendas al Código Penal de Ucrania relacionados con la situación de conflicto armado. Por ejemplo, el proyecto de ley del gobierno “Sobre enmiendas al Código Penal de Ucrania y al Código de Procedimiento Penal de Ucrania” No. 7290, del 15 de abril de 2022 (prevé amplios cambios en el Código Penal, con el objetivo de homologar sus disposiciones a las normas del derecho penal internacional sobre la responsabilidad por crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión). El Proyecto de ley Nº 9204 del 13 de abril de 2023 “Sobre las enmiendas al Código Penal de Ucrania en relación con el traslado forzoso de una persona fuera del territorio de Ucrania” o el proyecto de ley “Sobre las enmiendas al Código Penal y otros reglamentos legislativos de Ucrania sobre la realización del reclutamiento forzado en las formaciones armadas o paramilitares ilegales creadas en territorio ocupado temporalmente, y/o formaciones armadas o paramilitares del estado agresor” Nº 8325, del 30 de diciembre de 2022.
En segundo lugar, la Comisión ni siquiera consiguió “promover” al único proyecto de ley donde actuó como comité principal. La Comisión recomendó aprobar rápidamente el proyecto de ley Nº8628 en primera lectura (como base) el 26 de diciembre de 2022, que luego quedó encasillado y ahora sigue sin moverse.
En tercer lugar, a la hora de analizar de una serie de proyectos, como el proyecto de ley “Sobre enmiendas al Código de Procedimiento Penal de Ucrania referentes a la responsabilidad por actividades colaboracionistas y delitos penales conexos” Nº 7570 del 20 de julio de 2022, dicha Comisión no fue designada como comité principal, sino como un comité más. Sin embargo, para ningún proyecto en consideración dicha Comisión ni siquiera presentó una conclusión sobre su posible aprobación en primera lectura.
En cuarto lugar, el informe de la Comisión sobre los resultados de sus actividades crea un desconcierto. Por ejemplo, una parte importante está dedicada a la participación de los miembros de la Comisión en diversos eventos y reuniones, relacionados con la agresión armada rusa contra Ucrania. Sin embargo, es difícil entender si esto contribuyó de alguna forma, por ejemplo, a la realización de algún objetivo encomendado a la Comisión, como la implementación de los principios y normas del derecho internacional humanitario y penal. De hecho, una gran parte del informe son estadísticas generalizadas proporcionadas por las autoridades ejecutivas, por ejemplo, la información sobre el número de procesos penales referentes a delitos cometidos durante el conflicto armado, o sobre el número de desplazados internos. Por otro lado, el informe no deja claro, por ejemplo, cómo exactamente interactuó la Comisión con el Comisionado del Parlamento de Ucrania para los derechos humanos y la observancia y protección de los derechos y libertades humanos y civiles en áreas de las hostilidades y en los territorios temporalmente ocupados, aunque dicha interacción se menciona directamente entre los principales objetivos de la Comisión.
Lamentablemente, hay que constatar que la Comisión pasó de ser una idea racional y útil a no encontrar una forma idónea de su existencia y eficiencia. Es una prueba más de que las cuestiones del derecho internacional humanitario y penal no están recibiendo, por parte del Parlamento ucraniano, la debida atención teniendo en cuenta que Ucrania lleva casi diez años viviendo un conflicto armado internacional.