¿Por qué es preocupante la transferencia de prisioneros de guerra ucranianos a Hungría?
Al mismo tiempo, los medios húngaros afirmaron que por la parte húngara este tema lo coordinó su viceprimer ministro Zsolt Shemjén. Las autoridades ucranianas de inmediato declararon que la transferencia de prisioneros se llevó a cabo sin su conocimiento. Durante los días siguientes, el gobierno húngaro negó públicamente cualquier participación en este proceso, diciendo que dicha transferencia fue resultado de “la negociación entre la iglesia y las organizaciones religiosas sin que el estado húngaro estuviera implicado”, y no hizo ninguna observación crítica al respecto. Las autoridades ucranianas consiguieron devolver a casa a cinco presos. El resto parece seguir en Hungría.
Las declaraciones e informes contradictorios sobre esta situación crean una imagen bastante inquietante:
- 11 militares ucranianos son detenidos como prisioneros de guerra en la Federación Rusa;
- Estas personas en algún momento aparecen en el territorio de Hungría;
- Los ucranianos (a) llegaron al territorio de Hungría no uno por uno, sino en grupo, y, (b) probablemente no podían dejar el territorio ruso e ir a algún otro país, excepto Hungría: da la impresión de que llegaron a Hungría no por su propio deseo, sino porque fueron transferidos al territorio húngaro;
- Ucrania no dio su consentimiento para este proceso;
- Las autoridades húngaras, como mínimo, fueron informadas sobre todo el proceso arriba mencionado, sin embargo, niegan su participación en el proceso de transferencia de los prisioneros de guerra ucranianos, no realizan ninguna investigación de las circunstancias de esta transferencia, y, en general, reaccionan como si esta situación fuera absolutamente normal.
Todo esto, sumamente, nos plantea una pregunta importante: ¿es legal transferir prisioneros de guerra ucranianos a Hungría?
En principio, el derecho internacional humanitario (DIH) permite que un estado que tiene prisioneros de guerra los transfiera bajo la autoridad de otro estado si ese estado es su aliado en el conflicto armado internacional pertinente. En particular, esto deriva del artículo 12(2) de la Convención de Ginebra sobre el trato debido a los prisioneros de guerra de 1949 (CG III). Sin embargo, Hungría nunca ha declarado su alianza con la Federación Rusa en la guerra contra Ucrania y, como se señaló anteriormente, las autoridades húngaras niegan rotundamente su participación en el caso de 11 prisioneros de guerra ucranianos. En consecuencia, su traslado a Hungría no puede considerarse como un traslado de prisioneros de guerra por las autoridades de un estado aliado a otro, autorizado por el DIH.
El DIH también permite otros casos cuando los prisioneros de guerra pueden salir del territorio del estado donde están cautivos y terminar no en su estado patrio, sino en el territorio de un tercer estado. Estamos hablando de la hospitalización de prisioneros de guerra enfermos y heridos en los países neutrales, así como del internamiento en un país neutral de prisioneros de guerra sanos que se encuentran en cautiverio por un tiempo (Artículo 109 (2) del CG III). Aunque Hungría ha declarado repetidamente su neutralidad en el conflicto armado ruso-ucraniano, todavía no hay razón para creer que los militares ucranianos terminaron en su territorio basándose en el artículo 109 (2) del CG III, porque las autoridades húngaras niegan la existencia de acuerdos con las autoridades rusas.
El derecho internacional, por supuesto, permite el traslado de personas de un estado a otro, tanto fuera del contexto de un conflicto armado como fuera del DIH. Sin embargo, la lista de tales casos es extremadamente limitada e incluye lo siguiente:
- deportación porque la persona en cuestión ha violado la legislación del estado en cuyo territorio se encuentra;
- extradición (entrega) de una persona a otro estado que intenta realizar un procedimiento criminal o implementar la condena dictada antes a susodicha persona;
- transferencia del acusado (condenado) a través del territorio de un estado a otro;
- transferencia de las personas que cumplen su condena en un estado, para cumplir la pena en otro estado.
Todos estos casos, por definición, implican una cooperación entre los estados conforme a los procedimientos definidos por el derecho internacional, esto no ocurrió en el caso de los prisioneros de guerra ucranianos, si confiamos en las palabras de las autoridades húngaras. Además, el caso de los prisioneros no implica ninguno de los cuatro mecanismos mencionados anteriormente.
Entonces, parece que la transferencia de los militares ucranianos de la Federación Rusa a Hungría se llevó a cabo sin cumplir los procedimientos legales correspondientes. A pesar de que las autoridades húngaras nieguen rotundamente su propia participación en el proceso de transferencia, esto no significa que Hungría no sea responsable de la violación del derecho internacional que se produjo en este caso. Según el derecho internacional general, un estado es responsable no sólo de las acciones de sus autoridades, sino también de las acciones de sus ciudadanos, reconocidas y aceptadas por el estado como propias (véase el artículo 11 del Proyecto de artículos sobre la responsabilidad de estados por hechos internacionalmente ilícitos). Entonces, incluso si cierto grupo de ciudadanos húngaros, actuando en privado, realmente logró organizar la transferencia de prisioneros de guerra ucranianos a territorio húngaro en contra de las normas del derecho internacional, Hungría sigue siendo responsable de este acto, porque:
- admite que tales acciones sucedieron;
- no las condenó y no las investigó y, en general, las trata con total normalidad.
Desde el punto de vista humano, por supuesto, sólo podemos alegrarnos tanto por los militares ucranianos, que lograron escapar del cautiverio ruso, como por sus seres queridos. Sin embargo, las circunstancias de lo sucedido son extremadamente escandalosas y muy preocupantes. No se trata solo de una violación del derecho internacional, sino de un precedente peligroso para convertir a los prisioneros de guerra ucranianos en una moneda de cambio en las negociaciones políticas y similares.