La ONU incluye por primera vez a las fuerzas rusas en la “lista de la vergüenza” por violencia sexual en tiempos de guerra
¿Qué ocurrió?
En el informe anual del Secretario General de la ONU sobre la violencia sexual en los conflictos, las fuerzas armadas y las autoridades del orden rusas aparecieron por primera vez oficialmente entre las partes de las que se sospecha fundadamente que han cometido o son responsables de tales crímenes. Así lo informó el comisionado de Derechos Humanos del Parlamento de Ucrania, Dmytro Lubinets.
Las organizaciones civiles ucranianas llevaban más de un año exigiendo la inclusión de Rusia en este listado. Ya en diciembre de 2024, las organizaciones “SEMA Ukraine”, “Numo, sestry”, “Vypuskyiki” y “29 de diciembre” se dirigieron al Secretario General de la ONU con la demanda de incluir a Rusia en la “lista de la vergüenza” debido a la violencia sexual sistemática contra ciudadanos ucranianos. En 2026, esta labor de incidencia continuó en el marco de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU en Nueva York.
¿Qué es la “lista de la vergüenza”?
La llamada “lista de la vergüenza” no es un registro judicial ni una lista de sanciones en sentido estricto. Así se denomina extraoficialmente al anexo del informe anual del Secretario General de la ONU sobre la violencia sexual relacionada con los conflictos. En este anexo, la ONU enumera a las partes de los conflictos armados sobre las cuales existen datos fundados y verificados acerca de casos recurrentes de violaciones u otras formas de violencia sexual durante la guerra.
En la lista pueden ser incluidas tanto fuerzas estatales como formaciones armadas no estatales: ejércitos, cuerpos de seguridad, unidades paramilitares o grupos organizados.
Por ejemplo, entre las partes sospechosas de violencia sexual en conflictos que han sido mencionadas en años anteriores en los anexos de los informes, figuran actores de los conflictos en la República Democrática del Congo, Myanmar, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria y otros países, mientras que Hamás ya había estado en esta lista anteriormente.
¿Qué informa la ONU?
A pesar de la falta de acceso a los centros de detención en territorio ruso y en los territorios ocupados, la Misión de Monitorización de los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania logró verificar 310 casos de violencia sexual relacionada con el conflicto, cometidos por las fuerzas armadas y de seguridad rusas.
El informe señala que las autoridades rusas negaron sistemáticamente el acceso de los observadores internacionales a los prisioneros de guerra y civiles ucranianos recluidos en centros de detención. Debido a esto, la ONU obtuvo una parte significativa de la información tras la liberación de las personas del cautiverio o a través de quienes lograron salir de los territorios ocupados.
La mayoría de las víctimas en los casos confirmados por la ONU son hombres. Según los datos del informe, se trata de 280 hombres, 26 mujeres y 4 niñas. Entre las víctimas se encuentran prisioneros de guerra ucranianos y civiles que estaban recluidos en centros de detención rusos. En tales condiciones, la violencia sexual constituye una forma de tortura, humillación, intimidación y presión psicológica. Entre los presuntos perpetradores de estos crímenes no solo había militares, sino también representantes de las fuerzas del orden rusas, incluidos empleados del Servicio Federal Penitenciario y del Servicio Federal de Seguridad (FSB).
El Grupo de los Derechos Humanos de Járkiv también señala que la misión de la ONU documentó 31 casos de violencia sexual relacionada con el conflicto en los que se menciona la implicación de representantes de las fuerzas armadas ucranianas, el SBU y personal de instituciones penitenciarias. La mayoría de estos casos ocurrieron antes de 2025.
Al mismo tiempo, el informe subraya que Ucrania continuó garantizando el acceso de observadores independientes, abogados y familiares a los prisioneros de guerra rusos y civiles detenidos. Asimismo, Ucrania adoptó medidas para fortalecer las políticas y la legislación en materia de lucha contra la violencia sexual relacionada con los conflictos, en particular en el marco de la cooperación con la ONU. Por su parte, la Oficina del Fiscal General de Ucrania, hasta finales de mayo de 2026, ha documentado 398 casos de violencia sexual relacionada con el conflicto. Entre las víctimas figuran 248 mujeres y 150 hombres, así como 23 menores de edad.
¿Por qué es importante?
La inclusión de las fuerzas armadas y de seguridad rusas en la lista de la ONU no constituye una sentencia judicial y, por sí misma, no establece la responsabilidad de perpetradores específicos. Sin embargo, tiene una gran relevancia para el reconocimiento internacional del carácter sistemático de la violencia sexual relacionada con la guerra contra Ucrania.
Como señala la defensora de los derechos humanos Galyna Skipalska, dicha lista es una confirmación oficial de que el problema no se reduce a episodios aislados, sino que requiere una respuesta a nivel internacional.
Esta decisión refuerza la posición de Ucrania en las labores de incidencia, la presión diplomática y los futuros procesos para llevar a los responsables ante la justicia. Puede ser utilizada como un argumento adicional para las políticas de sanciones, el procesamiento internacional, la restricción de la cooperación con las estructuras implicadas y las exigencias a Rusia para que cese tales crímenes, permita el monitoreo independiente en los centros de detención y garantice la protección de las víctimas.
Asimismo, esto es fundamental para la justicia futura. La violencia sexual relacionada con los conflictos puede ser considerada en el derecho internacional como un crimen de guerra o un crimen de lesa humanidad. Bajo ciertas circunstancias, estos actos también pueden formar parte de una política más amplia de persecución, intimidación o destrucción de un grupo. Por lo tanto, es crucial documentar las condiciones bajo las cuales ocurrieron, el círculo de perpetradores, la cadena de mando y la naturaleza recurrente de tales prácticas.
¿Qué castigo prevé el derecho internacional para la violencia sexual?
El derecho internacional considera la violencia sexual relacionada con un conflicto armado como uno de los crímenes internacionales más graves. En particular, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional establece que tales actos pueden tipificarse como crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o, bajo ciertas condiciones, como elementos de genocidio. El contexto en el que se comete el crimen, su escala, su reiteración, el vínculo con el conflicto armado y la intención de los perpetradores u organizadores resultan determinantes.
La violencia sexual puede considerarse un crimen de guerra si está directamente vinculada con el conflicto. Esto aplica a los casos en los que la violencia se ejerce contra civiles en territorios ocupados, prisioneros de guerra, personas detenidas ilegalmente u otras personas que se encuentran bajo el control de una de las partes en conflicto.
En particular, la aplicación de descargas eléctricas en los órganos genitales de los prisioneros de guerra en los centros de reclusión constituye un acto de violencia sexual y se tipifica como un crimen de guerra. Las entrevistas realizadas a prisioneros de guerra que han sido intercambiados revelan que muchos de ellos fueron sometidos a tales torturas en diversas instalaciones penitenciarias rusas por parte de diferentes guardias (refiriéndose a aquellos que permanecen incomunicados y aún no han sido llevados a juicio). Esto ofrece fundamentos para afirmar la naturaleza sistemática y generalizada de este crimen; es decir, plantea la cuestión de su tipificación como un crimen de lesa humanidad. De igual manera, fueron masivos los casos de violación de civiles, tanto mujeres como hombres.
Si la violencia sexual contra civiles no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un ataque generalizado y sistemático dirigido contra la población civil, también puede tipificarse como un crimen de lesa humanidad. En este caso, no solo importa la comisión de la violencia en sí, sino el hecho de que forma parte de una política más amplia de terror, persecución, intimidación o sometimiento de la población.
En casos específicos, la violencia sexual también puede ser considerada como un elemento de genocidio. Esto es posible cuando tales crímenes se cometen con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal.
También pueden ser llevados ante la justicia quienes hayan dado las órdenes, organizado los crímenes, incitado a ellos, colaborado en su ejecución o creado las condiciones para la impunidad. La responsabilidad del mando penal posee una importancia crucial. Los comandantes militares y los superiores civiles pueden responder por los crímenes de sus subordinados si sabían o debían saber de tales actos, pero no adoptaron las medidas necesarias y posibles para prevenir los crímenes, ponerles fin o remitir la información a las autoridades competentes para su investigación.
