La Fiscalía General de Ucrania registró casi 69 mil crímenes de guerra de Rusia en el último año
Detrás de los números
Durante un año, desde junio de 2025 hasta junio de 2026, la Oficina del Fiscal General de Ucrania registró e investigó 72 295 procesos penales vinculados a la agresión rusa. De esa cifra, 68 900 casos se abrieron formalmente en virtud del artículo 438 del Código Penal, tipificado directamente para crímenes de guerra. Así lo anunció el Fiscal General, Ruslan Kravchenko, al presentar el balance de su año de gestión en el cargo.
“Para algunos es mucho, para otros es poco. Para mí, no es suficiente”, señaló el Fiscal.
A lo largo de este año de labor institucional, se ha notificado la condición de sospechosos de crímenes de guerra a 349 personas. Asimismo, se han remitido 258 procesos penales a los tribunales, y 97 personas ya han recibido sus respectivas sentencias condenatorias. Entre estos fallos destaca la condena dictada en abril contra el “director” de ocupación de “Askania-Nova”, sentenciado a 15 años de prisión por expoliar y exportar animales raros de la reserva. Es la primera sentencia penal en Ucrania por un crimen de guerra cometido contra reservas naturales.
Por otra parte, se tramitan de forma independiente las causas relacionadas con crímenes contra menores: los tribunales ya han dictado 81 sentencias, de las cuales 18 corresponden a cadena perpetua.
En términos globales, desde el inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022, la cifra total de crímenes de agresión registrados superó los 256 mil, mientras que los crímenes de guerra propiamente dichos ya superan los 225 mil. Kravchenko divulgó estos datos en mayo de 2026 durante la conferencia internacional United for Justice.
Además, hasta el 23 de junio de 2026, la iniciativa Tribunal para Putin documentó 110 095 crímenes de guerra perpetrados en el marco de la guerra a gran escala en Ucrania.
A nivel internacional
Recientemente, en marzo de 2026, se prorrogó por dos años más el mandato del Equipo conjunto de investigación (JIT), creado para investigar los principales crímenes internacionales cometidos en Ucrania. Este grupo opera con el respaldo de Eurojust y coordina a las autoridades policiales y fiscales de Ucrania, Lituania, Letonia, Polonia, Estonia, Rumanía y Eslovaquia. Participan también como socios estratégicos en su labor Eurojust, Europol y la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional.
El Equipo Conjunto de Investigación permite a los Estados coordinar diligencias judiciales, intercambiar material probatorio, tomar declaraciones a testigos y víctimas ubicados en diferentes países, y evitar la duplicidad de investigaciones. Esto resulta crucial en casos donde los crímenes se perpetraron en territorio ucraniano, pero sus repercusiones, las pruebas o los sospechosos están vinculados a otros países.
Tras la prórroga de su mandato, el grupo intensificará sus esfuerzos en los crímenes cometidos contra la infancia ucraniana. Se pondrá especial foco en el traslado ilegal y la deportación forzosa de niños desde Ucrania hacia Rusia y Bielorrusia. Según datos de Eurojust, esta línea de investigación ha sido catalogada como una de las prioridades absolutas para la continuidad de los trabajos del JIT. Precisamente por la deportación ilegal y el traslado forzoso de menores ucranianos, la Corte Penal Internacional emitió, ya en marzo de 2023, órdenes de arresto internacionales contra Vladímir Putin y la comisionada rusa para los derechos del niño, Mariya Lvova-Belova.
A pesar de que la Corte Penal Internacional desempeña un rol fundamental en el restablecimiento de la justicia, no puede garantizar por sí sola la plena rendición de cuentas de Rusia por la guerra contra Ucrania. Las facultades del tribunal le permiten juzgar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos en el terreno durante las hostilidades. Sin embargo, el obstáculo principal radica en la jurisdicción sobre la causa原, es decir, el propio crimen de agresión. Dado que la Federación de Rusia no es Estado parte del Estatuto de Roma, la CPI carece de la competencia jurídica para exigir responsabilidades a la cúpula rusa por el hecho mismo de lanzar una invasión armada no provocada.
Con el fin de subsanar este vacío legal, el 25 de junio de 2025, Ucrania y el Consejo de Europa firmaron en Estrasburgo un acuerdo bilateral para la creación de un Tribunal Especial para el crimen de agresión contra Ucrania. A diferencia de los tribunales nacionales (que juzgan crímenes de guerra específicos) o de la Corte Penal Internacional (orientada a crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio), este tribunal se centrará estrictamente en la responsabilidad derivada del hecho de desatar una guerra de agresión. Su mandato contempla la investigación, el procesamiento y el enjuiciamiento de aquellos individuos que ostenten la máxima responsabilidad en la planificación, preparación, inicio o ejecución de la agresión contra Ucrania. Esto apunta, en primer lugar, al alto mando político y militar del estado agresor, así como a otros actores clave en la toma e implementación de las decisiones de la invasión.
No obstante, el tribunal aún requiere un despliegue práctico e integral: en enero de 2026, el Consejo de Europa y la Unión Europea acordaron el financiamiento de un equipo preparatorio especial encargado de sentar las bases institucionales, logísticas y organizativas para su funcionamiento. Posteriormente, en mayo de 2026, 36 Estados y la Unión Europea respaldaron la creación de un acuerdo parcial ampliado sobre el Comité de Gestión del Tribunal Especial, el cual garantizará el sustento financiero y el soporte administrativo de este mecanismo.
Rusia continúa cometiendo crímenes de guerra
Según datos de la Misión de Monitorización de los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania, durante los primeros cuatro meses de 2026 fueron asesinados al menos 815 civiles en Ucrania, y otros 4174 resultaron heridos. Esto representa un incremento del 21% en comparación con el mismo período de 2025. En mayo de 2026, el panorama empeoró: la ONU registró un mínimo de 274 civiles muertos y 1763 heridos. Este balance supuso el índice mensual de bajas civiles más alto registrado desde abril de 2022. Las causas principales de estos fallecimientos e incidentes siguen siendo los ataques con misiles, las incursiones con drones, los bombardeos aéreos, los ataques de artillería y el empleo de armamento explosivo en áreas residenciales civiles.
La violencia sexual relacionada con el conflicto se mantiene también como uno de los crímenes documentados de las fuerzas rusas. En 2026, la ONU incluyó por primera vez a las fuerzas armadas y de seguridad de Rusia en la lista de actores responsables de ejercer violencia sexual en contextos de conflicto. El informe del Secretario General de la ONU detalla 310 casos verificados de abusos de esta índole contra prisioneros de guerra y civiles ucranianos bajo cautiverio de Rusia o de sus estructuras de ocupación. No obstante, debido al estigma social, el miedo y el trauma, el número real de víctimas podría ser considerablemente mayor.
La devastación del patrimonio cultural ucraniano es otra de las secuelas directas de la agresión rusa. Conforme a los registros del Ministerio de Cultura de Ucrania, hasta finales de mayo de 2026, los ataques rusos habían destruido o dañado de gravedad 1913 monumentos del patrimonio histórico y 2573 instalaciones de la infraestructura cultural. De igual forma, la infraestructura educativa sigue siendo blanco constante de los ataques. En lo que va de la guerra de Rusia contra Ucrania, los bombardeos y cañoneos han dañado a cerca de cuatro mil instituciones educativas, de las cuales más de 400 han quedado completamente destruidas, según informó el Ministro de Educación y ciencia, Oksen Lisovy.
La documentación rigurosa de estos crímenes, la preservación de las evidencias y el enjuiciamiento de los culpables se consolidan como requisitos indispensables para hacer justicia a las víctimas y garantizar que estas atrocidades jamás sean aceptadas como algo normal.
