Condenada a 12 años de prisión una residente de la Skadovsk ocupada por «apoyar a Ucrania»
Un «tribunal» de ocupación en la región de Jersón controlada por Rusia ha condenado a Nataliya Povetkina, de 55 años, a 12 años de prisión. El Estado agresor, que en 2022 invadió su ciudad natal, Skadovsk, la obligó a aceptar la ciudadanía rusa para luego acusarla de «traición a la patria». El hermetismo procesal en estos casos impide verificar las circunstancias específicas; no obstante, los cargos resultan idénticos a los presentados en numerosos procesos por «traición» o «espionaje», donde las sentencias condenatorias y las penas severas están garantizadas de antemano.
Como es habitual en los territorios ocupados desde 2022, apenas se tiene información sobre Povetkina o el momento exacto de su detención. Los únicos detalles proceden de las acusaciones publicadas junto a la sentencia el 9 de abril de 2026. Se alegó que, a inicios de mayo de 2023, recopiló voluntariamente información sobre el despliegue de tropas y equipo militar ruso, presuntamente bajo las instrucciones de agentes no identificados del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU). Según la fiscalía, envió dichos datos mediante un servicio de mensajería a un «supervisor». Estas declaraciones suelen concluir con la fórmula estándar: la información podría haber sido utilizada para ajustar el fuego contra las posiciones militares rusas.
De este modo, se estima que junio de 2023 fue la fecha más temprana de su captura. Si fue secuestrada por sus convicciones proucranianas, los captores podrían haber registrado su teléfono de inmediato, considerando cualquier fotografía como una «prueba de culpabilidad».
La acusación de «traición a la patria» se fundamentó en el artículo 275 del Código Penal de la Federación Rusa, y la sentencia fue dictada por el «Tribunal Regional de Jersón» de la ocupación. Estos juicios se celebran estrictamente a puerta cerrada. Además de los 12 años de cárcel, se le impuso a Povetkina un año adicional de restricción de libertad y una cuantiosa multa de 100 000 rublos.
Las fuerzas rusas han sistematizado el secuestro de civiles ucranianos en todas las zonas ocupadas. Entre sus objetivos figuran personajes públicos, voluntarios, exmilitares y cualquier ciudadano con una postura proucraniana marcada. De los casi dos mil ucranianos secuestrados solo en la región de Jersón, más de 923 permanecen en cautiverio. Mientras que figuras como Iryna Gorobtsova, Serhiy Tsyhipa, Apbaz Kurtamet y su padre Khalil Kurtamet fueron sometidos posteriormente a juicios públicos, otros continúan incomunicados y sin cargos formales. En esta situación se encuentran Igor Kolykhaiev, alcalde de Jersón, y Oleksandr Babych, alcalde de Gola Prystan.
En marzo de 2026, Oleksiy Butenko, jefe de investigación de crímenes de guerra de la Fiscalía Regional de Jersón, informó que al menos 29 civiles secuestrados en la región murieron por torturas o por falta de atención médica en cautiverio. La cifra real podría ser significativamente mayor dado el número de desaparecidos, entre ellos el voluntario español de 77 años, Mariano García Calatayud [Mario].
Resulta complejo seguir el rastro de estos casos, pues las sentencias por «traición», «espionaje» y el denominado «terrorismo» se emiten semanalmente, cuando no a diario. La mayoría de estos juicios se basan en la supuesta «transmisión de información sobre movimientos militares» o en donaciones a las Fuerzas Armadas de Ucrania y a organizaciones benéficas ucranianas.