¿Por qué Rusia no libera a los civiles ucranianos?

En los centros de privación de libertad (CPL) de Rusia y en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania, se encuentran al menos 15.000 civiles ucranianos, detenidos ilegalmente o secuestrados en dichas zonas. Se les mantiene bajo custodia por una supuesta «oposición a la operación militar especial»; es decir, sin fundamento alguno, ya que tal infracción no existe en la legislación penal ni administrativa rusa. Y, de hecho, estos ciudadanos casi no tienen posibilidades de recuperar la libertad.

A principios de este año, el número de prisioneros de guerra ucranianos era de aproximadamente 7.000. Rusia no los considera prisioneros de guerra; formalmente, también se les priva de la libertad «por oposición a la operación militar especial». Tras los dos intercambios realizados este año 660 prisioneros regresaron a casa y el número de nuestros prisioneros de guerra ha disminuido a aproximadamente 6.500. En el transcurso de estos dos intercambios, fueron liberados 9 civiles, pero los detalles sobre ellos nos son desconocidos.

Una parte de nuestros prisioneros de guerra y civiles ha sido condenada bajo artículos del código penal común: asesinato, lesiones corporales, terrorismo, espionaje, entre otros. Estos sentenciados son aproximadamente 3.000; se encuentran en los centros penitenciarios junto con convictos rusos y, por tanto, se vuelven más visibles. En términos generales, su ubicación se puede determinar, aunque los rusos intentan ocultarlos, especialmente a los civiles. Tras la condena, adquieren un estatus legal con todas sus consecuencias: sus nombres aparecen en las bases de datos del Sistema Penitenciario Federal de Rusia, pueden recibir cartas, paquetes o dinero en sus cuentas personales por parte de sus familiares, así como entregas según el régimen de cumplimiento de la pena. Incluso pueden recibir visitas de familiares si estos se atreven a viajar a Rusia para ello. Los ucranianos condenados pueden recibir la visita de un abogado basada en un acuerdo con la familia.

Sin embargo, la gran mayoría que no ha sido condenada —tanto militares como civiles— permanece en cautiverio bajo un régimen de incomunicación, sin contacto alguno con el mundo exterior. La inmensa mayoría de ellos es sometida constantemente a torturas y malos tratos en diversas formas. Y si bien los prisioneros de guerra aún pueden aspirar a ser liberados mediante un intercambio, las posibilidades de los civiles de ser liberados por esta vía son ínfimas.

Ambas partes se niegan a intercambiar militares por civiles. Para la parte ucraniana es sumamente difícil lograr la liberación simultánea de civiles, ya que los rusos aceptan esto de muy mala gana. En el marco del proyecto del Cuartel General de Coordinación «Quiero estar con mi gente» (Khochu k svoim), solo se ha logrado liberar a 70 de nuestros presos políticos civiles; en Ucrania se liberó a una cantidad igual de personas que cometieron delitos contra la seguridad nacional. Al mismo tiempo, hay 800 hombres y mujeres de esta categoría que desean vivir en Rusia, pero Rusia se niega a recibirlos. Es decir, el lema ruso de «no abandonamos a los nuestros» (svoikh ne brosayem) no se cumple en la práctica.

La situación es especialmente catastrófica en lo que respecta a las mujeres. El año pasado, entre los 3.206 intercambiados, solo hubo 6 mujeres; este año, ninguna. En el cautiverio ruso hay unas 30 mujeres militares, mientras que en el cautiverio ucraniano simplemente no hay mujeres militares rusas. Los ucranianos han intentado intercambiar militares hombres por mujeres, pero los rusos no aceptan. Según nuestros datos, hay al menos 287 mujeres civiles en cautiverio, y no se vislumbran mecanismos para su liberación.

Cabe destacar que los civiles ucranianos permanecen cautivos sin ningún fundamento legal; por tanto, la única solución correcta posible sería su liberación sin condiciones previas. No se puede confiar en las sentencias de los tribunales rusos, ya que los testimonios de los acusados se obtuvieron bajo tortura, el derecho a la defensa no se ejerció de manera efectiva y no ha habido sentencias absolutorias.

De hecho, Rusia ha creado para los ucranianos un sistema clandestino e ilegal de privación de libertad y detención, regulado por decretos secretos del presidente ruso. Se puede suponer que estos decretos especifican quién tiene el derecho de privar de la libertad y cómo se lleva a cabo la detención.

Este hecho debe ser reconocido por la comunidad internacional. La única salida viable parece ser la presión conjunta de todos los Estados sobre Rusia con el fin de liberar a todas las personas que mantiene detenidas ilegalmente.