Acusándose a sí mismos
En octubre de 2025, el Instituto Americano de Estudios de la Guerra publicó una cifra estremecedora: desde 2023, más de 2.800 civiles han muerto en ataques con drones rusos solo en la ciudad de Jersón.
Lamentablemente, la ciudad y la región de Jersón se han convertido en el ejemplo más flagrante de las tácticas terroristas rusas con drones. La ciudad se encuentra a pocos kilómetros del territorio ocupado, y la región está separada por el río Dnipro, que se ha transformado en una línea de frente.
Aunque los ataques sistemáticos contra civiles dejaron de sorprender hace tiempo, una característica distintiva de la región de Jersón es que los propios rusos se jactan abiertamente de sus crímenes de guerra. El periodista y activista de derechos humanos Sergiy Okunev analizó los recursos propagandísticos rusos y los canales oficiales de las unidades militares ocupantes, y comprobó que los responsables de estos crímenes ni siquiera intentan ocultar sus actos.
Un safari o un campo de entrenamiento — así presumen los rusos de los asesinatos diarios de civiles en Jersón
Los ataques de drones rusos contra los residentes de la orilla derecha del Dnipro, en Jersón, se volvieron habituales en 2023. Pero en 2025 la situación alcanzó proporciones alarmantes. El número de drones antipersona, cada vez más sofisticados, aumentó drásticamente: en octubre de 2025, los rusos lanzaban más drones por semana que en un mes del otoño de 2024.
Según datos oficiales de la administración militar regional (OVA), se registraron más de 2.500 drones en solo siete días, la mayoría de ellos drones FPV cargados con explosivos.
Lo más escandaloso es que tanto los propagandistas como las fuentes oficiales rusas no intentan ocultar estos crímenes de guerra en Jersón. Varios canales de Telegram publican regularmente vídeos de ataques contra población civil: literalmente cientos de registros que muestran ataques a vehículos civiles. Ni siquiera procuran justificarlo como ataques a “objetivos militares”.
“No es nada personal, solo un carro en la zona. Otro más. Cualquier vehículo en la zona es un objetivo legítimo”, dicen los ocupantes en sus propios medios.
Los ocupantes denominan “zona” al extenso territorio de la ciudad de Jersón, incluido el centro histórico, y anuncian que destruirán “cualquier medio de transporte”, considerándolo un “objetivo legítimo”. A todas luces, estas acciones constituyen crímenes de guerra, y ninguna ley, ni siquiera la cuasilegal rusa, podría legitimarlas.
La ausencia de transporte no garantiza la seguridad. Los canales rusos están llenos de imágenes de ataques contra transeúntes y ciclistas. El 26 de agosto se difundió un vídeo en el que se ve cómo arrojan un artefacto explosivo sobre un hombre que paseaba a su perro: una vez más, los rusos ni siquiera intentan presentar al civil como combatiente.
“Nadie nos da pena. Guárdate tus lágrimas”, dicen los medios ocupantes.
Además de las grabaciones de ataques directos, los rusos publican constantemente justificaciones de sus crímenes: alegan que durante la ocupación rusa esto no ocurría y que, tras la “reocupación” por las tropas rusas de la orilla derecha de Jersón, el “safari” terminará. Es evidente que estas prácticas persiguen un objetivo terrorista: infundir miedo en la población civil y quebrar su resistencia.
Guerra contra el Servicio Estatal de Emergencias: los rescatistas ucranianos se convirtieron en un objetivo prioritario
Entre 2024 y 2025, la labor del Servicio Estatal de Emergencias en las zonas afectadas por ataques se tornó cada vez más peligrosa. Los rusos comenzaron a lanzar ataques repetidos tras la llegada de los rescatistas al lugar del bombardeo. Esta práctica, ya común en Donetsk y Járkiv, se transformó en una guerra abierta contra los equipos de rescate también en Jersón.
El 28 de septiembre, los ocupantes publicaron una advertencia:
“Si no es YA, en el futuro próximo se tomará la decisión de considerar al Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania como objetivo militar prioritario ruso. Se destruirán sus locales, aparcamientos y puntos de servicio. El personal debe ser considerado una amenaza potencial.”
Esta supuesta “advertencia” no marca el inicio del terror contra el Servicio Estatal de Emergencias, sino la continuación de una práctica habitual. Los rusos publican decenas de vídeos mostrando ataques contra empleados que apagan incendios en edificios civiles o contra vehículos de rescate, y se jactan de estos “logros”. También hay numerosos informes sobre ataques similares por parte de los medios de comunicación y del propio Servicio Estatal de Emergencias.
Desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en la región de Jersón, han sido asesinados nueve empleados del Servicio Estatal de Emergencias durante el cumplimiento de sus funciones y otros 49 resultaron heridos. Estas cifras corresponden a 2024, pero se estima que en 2025 han aumentado.
Solo en 2025, uno de los principales canales de propaganda rusa informó al menos en quince ocasiones sobre ataques dirigidos al Servicio Estatal de Emergencias o sobre la preparación de tales acciones.
En uno de esos comunicados, los ocupantes escribieron:
“Es necesario aumentar la cantidad de minado remoto con ataques posteriores contra los grupos que participan en misiones de rescate, así como contra los servicios de emergencia. Anteriormente, los servicios municipales estaban en la lista ‘ligera’, ya que solían trabajar en la reparación de infraestructura civil. Sin embargo, al igual que los servicios de emergencia, ahora se consideran un objetivo prioritario y deben destruirse.”
Crimen de guerra directo: el derecho internacional humanitario lo deja claro
A pesar del término “objetivos legítimos” acuñado por los ocupantes para referirse a los empleados del Servicio Estatal de Emergencias, el derecho internacional humanitario considera estas acciones como crímenes de guerra. Los organismos de defensa civil y las organizaciones humanitarias que prestan asistencia a la población —y que no participan en hostilidades— no pueden ser objeto de ataques. Así lo establece el Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra de 1977, uno de los documentos fundamentales del derecho internacional humanitario.
El artículo 61 del Protocolo determina que la “protección civil” abarca las tareas humanitarias destinadas a proteger a la población de los peligros derivados de las hostilidades o de desastres naturales, así como a ayudar en la eliminación de sus consecuencias inmediatas.
Entre estas tareas se incluyen 15 conceptos, en particular, la prevención y extinción de incendios, las operaciones de rescate, la asistencia médica, la evacuación y otras acciones humanitarias.
El artículo 62 dispone que:
- Las organizaciones civiles de defensa civil y su personal gozarán de respeto y protección de conformidad con este Protocolo. Tienen derecho a desempeñar las tareas de defensa civil que les han sido encomendadas, salvo en casos de imperiosa necesidad militar.
- Estas disposiciones también se aplican a los civiles que, aunque no sean miembros de dichas organizaciones, realicen tareas de defensa civil por encargo de las autoridades competentes.
El artículo 52 de este mismo Protocolo extiende la protección a los edificios, materiales y refugios utilizados con fines de defensa civil, los cuales no podrán ser destruidos ni utilizados con otros propósitos. Los objetos utilizados con fines de defensa civil no pueden ser destruidos ni empleados para otros propósitos, salvo por la parte a la que pertenecen. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional también define estos actos como crímenes de guerra. En su artículo 8(2)(b)(iii) establece que dirigir intencionalmente ataques contra bienes civiles —es decir, contra objetivos no militares— constituye un crimen de guerra.
En 2011, fue constituida la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU, cuyo objetivo es investigar las violaciones del derecho internacional humanitario y de derechos humanos en la República Árabe Siria.
Dicha Comisión determinó, en sus informes sobre Siria de los años 2016-2017, que los ataques sistemáticos contra bomberos y miembros de los Cascos Blancos en Alepo constituían violaciones graves del derecho internacional humanitario y crímenes de guerra. La aviación estratégica rusa participó activamente en esos ataques contra organizaciones humanitarias en Siria, las mismas fuerzas que desde 2022 atacan objetivos civiles e infraestructura energética en Ucrania.