¿Por qué Putin debería responder por el secuestro de los niños ucranianos?

Rusia está violando los principios fundamentales de protección de los niños en tiempos de guerra. Los ocupantes no hacen nada para devolver a los niños ucranianos a sus familias, deportan a los menores a su propio territorio y los integran en la sociedad rusa.
Aksana Filipishyna10 Abril 2023UA DE EN ES FR IT RU

Фото: Укрінформ The Ukraine National Information Agency (Ukrinform) Foto: Ukrinform Photo : Ukrinform Foto: Ukrinform Фото: Укрінформ

Foto: Ukrinform

Ucrania sufre el segundo año de la agresión armada a gran escala por parte de Rusia, donde los niños representan una de las categorías más vulnerables.

Rusia está violando los principios fundamentales de la protección de los niños en tiempos de guerra mediante su deportación, su identificación con pasaportes rusos, la concesión de su ciudadanía, la transferencia a familias de acogida rusas y, finalmente, la adopción.

Por lo tanto, no es casualidad que la orden de arresto de la Corte Penal Internacional contra el presidente de la Federación Rusa Vladimir Putin y contra su comisionada para los derechos del niño, Maria Lvova-Belova, sea emitida precisamente por cometer las acciones relacionadas con la deportación de niños.

Desafortunadamente, la situación se complica por el hecho de que ni las organizaciones de derechos humanos ucranianas, ni las internacionales, tienen acceso a toda la información sobre el tamaño del crimen.

Con el pretexto del “rescate”, Rusia recurre al traslado forzoso de familias ucranianas con niños; de los niños cuyos padres han muerto durante hostilidades o cuyo paradero se desconoce; de los niños criados en orfanatos o cuyos padres no pasaron por el procedimiento de la filtración.

El traslado se realiza tanto hacia las áreas temporalmente ocupadas de Ucrania como hacia la Federación Rusa. Rusia está haciendo todo lo posible para integrar a los niños desplazados en la sociedad rusa.

Todavía es imposible establecer el número exacto de niños deportados. Sin embargo, según el portal de información estatal “Niños de la guerra”, a finales de marzo de 2023, las autoridades ucranianas registran los datos de 16.200 niños deportados a la Federación Rusa, de los cuales solo 324 niños han sido devueltos. La propia parte rusa declara oficialmente que más de 300.000 niños fueron deportados de las áreas temporalmente ocupadas de Ucrania[1].

La deportación forzosa de los niños es un proceso estructurado.

Para destruir la identidad ucraniana, el estado agresor implementó varias iniciativas políticas.

En mayo de 2022, el presidente ruso Vladimir Putin firmó un decreto sobre el procedimiento simplificado para otorgar la ciudadanía rusa a los huérfanos y niños sin tutela paternal de las áreas temporalmente ocupadas y de Ucrania en general. El peligro es que cuando un niño adquiere la ciudadanía, puede ser adoptado. De acuerdo con la legislación rusa, los padres adoptivos tienen derecho a cambiar toda la información sobre el niño: darle un nuevo nombre, cambiar fecha y lugar del nacimiento.

También se conocen casos de transferencia de los niños deportados a familias de acogida rusas.

El motivo de la deportación de grupos enteros de niños de los territorios ocupados fue la así llamada “rehabilitación” en campamentos y centros de recreo infantiles. Por ejemplo, en agosto de 2022, un grupo de casi 300 niños de Izyum, Kupyansk, Balakliya y otras áreas de la región de Járkiv fueron llevados con este pretexto al campamento infantil “Mishka” en Gelendzhik, la región de Krasnodar de la Federación Rusa. En septiembre, el territorio de la región de Járkiv fue desocupado por las fuerzas armadas ucranianas. La parte rusa se negó a devolver a los niños. Los padres se los podían llevar bajo la condición de su recogida personal en el territorio de Rusia. Los padres tuvieron que cargar con gastos financieros significativos para emitir de forma urgente los documentos, para hacer un gran viaje a través de Ucrania, cruzando los países europeos para llegar hasta sus hijos en Rusia y regresar con ellos a Ucrania. El regreso de este grupo de niños todavía continúa gracias a los voluntarios.

Todo esto se lleva a cabo bajo la supervisión de Maria Lvova-Belova, la comisionada para los derechos del niño del presidente ruso. Ella visita personalmente los territorios ocupados. Los niños fueron deportados a 57 regiones de Rusia, y llevados incluso a la isla de Sajalín, que está a decenas de miles de kilómetros de su tierra natal.

Фото: ORF Observer Research Foundation (ORF) Foto: ORF Photo : ORF Foto: ORF Фото: ORF

Foto: ORF

Mientras tanto, el 26 de octubre de 2022, Maria Lvova-Belova, la comisionada del presidente ruso, dio una conferencia de prensa en la que anunció que los rusos ya habían adoptado a 350 niños del este de Ucrania y más de 1.000 niños estaban esperando su adopción.

Los niños ucranianos, sin derecho a elegir, son obligados a ir a escuelas rusas, a escuchar la propaganda rusa, a vivir en familias rusas que intentan erradicar toda la relación con Ucrania de su mente.

El proceso de adopción de los niños ucranianos en la Federación Rusa es una flagrante violación del artículo 21 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño y de los artículos 49 y 50 de la Convenio de Ginebra relativo la protección de la población civil en tiempo de guerra. Sin embargo, la adopción en otro país solo puede considerarse como alternativa de la tutela de un niño, si el niño no puede ser transferido para ser educado o adoptado en su país de origen.

El traslado forzoso o la deportación de personas del territorio ocupado impone al estado que lo gestiona la obligación de tomar todas las medidas necesarias para facilitar la identificación de los niños, así como el registro de sus vínculos familiares. Sin embargo, Rusia ignora todas las normas del derecho internacional humanitario. Junto a esto, el traslado forzoso de los niños de un grupo a otro es considerado como genocidio según el artículo 2 de la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio y el artículo 6 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Actualmente, la comunicación con las autoridades competentes sobre el registro de datos personales de los niños y su devolución a Ucrania es tremendamente complicada.

La Federación Rusa no toma ninguna medida para devolver a los niños a sus familiares, deliberadamente los coloca en las familias desconocidas para ellos, no proporciona ninguna información sobre estos niños y sus lugares de permanencia al Comité Internacional de la Red Cross, a UNICEF, al Gobierno de Ucrania y a otras organizaciones de derechos humanos.

Es muy urgente encontrar formas para devolver a los niños a sus hogares. Esto se podría remediar con la participación en este proceso de un estado protector, tal como lo establece el Convenio de Ginebra sobre la protección de la población civil en tiempo de guerra. En esencia, es un estado neutral en el que confían ambos países en guerra. Por ejemplo, los países como Turquía, Kazajstán, China, los Emiratos Árabes, etc. podrían encargarse de una misión semejante.

Deben ser establecidos los procedimientos del intercambio de información a través del estado patrocinador y las vías de retorno de diferentes grupos de niños, según las circunstancias: niños que quedaron huérfanos por la muerte de sus padres; niños deportados como parte de instituciones; niños cuyos padres fueron detenidos o niños deportados con el pretexto de la rehabilitación.


[1] Por lo visto, también incluye a los niños que salieron con sus familias — nota edición.

Compartir el artículo