Almacenes de ayuda humanitaria bajo el fuego ruso
El pasado 2 de julio, durante un ataque masivo ruso contra Kyiv, un almacén de la Cruz Roja Ucraniana fue completamente destruido. En sus instalaciones se custodiaban cargamentos de ayuda humanitaria y equipos destinados a asistir a las víctimas de la guerra. Según datos de la organización, el fuego consumió unas 320,000 unidades de ayuda humanitaria, con un valor estimado en más de 79 millones de grivnas. Este incidente no es un hecho aislado: los bombardeos rusos continúan dañando y destruyendo sistemáticamente la infraestructura humanitaria en Ucrania. En este artículo, repasamos otros ataques de gran repercusión contra almacenes, oficinas e instalaciones de organizaciones dedicadas a proteger y asistir a la población civil.
Contenido del almacén
Al momento del impacto, el local alquilado albergaba suministros humanitarios destinados a la asistencia de emergencia para las víctimas del conflicto. Estas reservas se movilizaban de inmediato tras los bombardeos para cubrir necesidades urgentes: desde sellar ventanas rotas hasta distribuir mantas, kits de pernoctación, artículos de higiene y otros productos de primera necesidad.
Entre los materiales reducidos a cenizas se encontraban generadores, bombas de calor, camillas médicas, desfibriladores, equipos de diagnóstico por ultrasonido, monitores de constantes vitales y otros dispositivos médicos. Una parte considerable de estos insumos había sido enviada a Ucrania a través del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea.
Asimismo, el almacén custodiaba la reserva estratégica de la Cruz Roja Ucraniana, un recurso clave para mitigar las consecuencias de bombardeos, incendios, evacuaciones y otras situaciones de emergencia. El ataque también inutilizó un camión de carga utilizado para la distribución de la ayuda.
Esta instalación operaba como uno de los nodos logísticos de referencia para la Cruz Roja Ucraniana, desde donde se coordinaban proyectos de asistencia en diversas regiones del país.
Otros casos de destrucción de infraestructura humanitaria en Ucrania
El 8 de mayo de 2023, la Cruz Roja Ucraniana denunció graves daños en sus instalaciones de Odesa y de la región de Mykolaiv. En Odesa, un ataque con misiles arrasó un almacén de 1,000 metros cuadrados, desatando un incendio que consumió la totalidad de la ayuda allí depositada. A raíz de esta pérdida, la delegación provincial de Odesa se vio obligada a suspender temporalmente la distribución de ayuda y varios de sus proyectos locales. Ese mismo día, la organización detalló los efectos del bombardeo del 7 de mayo en la región de Mykolaiv, donde un hospital móvil de la Cruz Roja Ucraniana resultó seriamente dañado, dejando inservible gran parte de su equipamiento médico, mobiliario y recursos técnicos. Aunque ningún miembro del personal o voluntario resultó herido en estos ataques, la organización subrayó que, desde el inicio de la invasión a gran escala, al menos 25 de sus sedes —entre oficinas, almacenes y bases de operaciones— han sido dañadas o destruidas por completo.
También en mayo de 2023, la ONG internacional Project HOPE reportó daños severos en sus instalaciones. Según sus registros, los ataques con misiles rusos en las regiones de Odesa y Jersón afectaron gravemente a dos almacenes donde se custodiaban generadores, así como kits médicos y de higiene. Afortunadamente, el personal de la organización resultó ileso.
Durante un bombardeo nocturno el 31 de julio, quedó completamente destruido el almacén de la organización humanitaria lituana Blue/Yellow, activa en el apoyo a Ucrania. Según reportó el medio Evropeiska Pravda, citando a la radiotelevisión pública lituana LRT, las edificaciones colindantes también sufrieron destrozos importantes.
El 20 de mayo de 2026, un bombardeo ruso destruyó un almacén en Dnipró alquilado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). La agencia de la ONU informó que el ataque se cobró la vida de dos trabajadores del recinto y destruyó cerca de 900 palés con ayuda humanitaria y materiales de reconstrucción, con pérdidas valoradas en más de un millón de dólares. El cargamento destruido incluía mantas, colchonetas, kits de higiene y materiales para reparaciones de emergencia en viviendas dañadas, destinados a desplazados internos y comunidades cercanas a la línea del frente. ACNUR calificó el incidente como el primer ataque directo de esta índole contra una de sus instalaciones desde el inicio de la invasión a gran escala. Asimismo, alertó sobre la creciente inseguridad para los trabajadores humanitarios: pocos días antes, dos convoyes de la ONU claramente identificados habían sido blanco de ataques con drones en las regiones de Dnipropetrovsk y Jersón.
Apenas unos días después, el 25 de mayo de 2026, la infraestructura de la ONU en Dnipró volvió a ser blanco de los ataques. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) denunció que uno de sus almacenes operativos fue alcanzado por un misil balístico Iskander. En ese momento, las instalaciones albergaban ayuda alimentaria destinada a las poblaciones más cercanas al frente; un lote valorado en 1.4 millones de dólares y suficiente para abastecer a unas 130,000 personas. Ningún miembro del equipo del PMA resultó herido.
Estos sucesos se suman a denuncias previas del Grupo de Derechos Humanos de Járkiv sobre agresiones a misiones de auxilio y columnas de evacuación. En un informe de la iniciativa Tribunal para Putin (T4P) centrado en los primeros meses de la invasión, se documentaron 42 episodios similares, incluidos bombardeos contra puntos de distribución de ayuda, autobuses de evacuación y convoyes humanitarios.
Datos del Tribunal para Putin
Entre el 24 de febrero de 2022 y el 7 de julio de 2026, los documentalistas de T4P registraron sistemáticas violaciones del derecho internacional humanitario. Estas incluyen ataques directos contra instalaciones de ayuda y columnas de evacuación, la obstrucción del suministro de bienes básicos y trabas para la salida de civiles de zonas de alto peligro. Según la iniciativa, existen indicios claros de que todas estas acciones fueron perpetradas por las fuerzas armadas rusas.
Los casos documentados presentan indicios de los siguientes crímenes de guerra:
- Ataques contra almacenes de ayuda, convoyes, misiones o corredores humanitarios en el marco de un conflicto armado (conforme al artículo 8, párrafo 2, inciso b, subinciso iii del Estatuto de Roma). T4P ha documentado 101 casos de esta naturaleza.
- Obstrucción de misiones humanitarias destinadas al suministro de agua y alimentos, así como la destrucción de reservas de agua potable y víveres (conforme al artículo 8, párrafo 2, inciso b, subinciso xxv del Estatuto de Roma). T4P ha registrado 44 casos de este tipo.
Perspectiva internacional
El derecho internacional humanitario (DIH) garantiza la protección estricta del personal implicado en misiones de socorro. El Protocolo Adicional I de los Convenios de Ginebra establece la obligación de respetar y proteger a estos profesionales en todo momento. Asimismo, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional tipifica como crimen de guerra cualquier ataque deliberado contra el personal, instalaciones, materiales, unidades o vehículos de asistencia humanitaria, siempre que mantengan su estatus de protección como bienes civiles.
Ante cada incidente, las investigaciones deben esclarecer si la instalación fue el blanco deliberado de la agresión, si se trató de un daño colateral de un ataque a un objetivo militar cercano, qué tipo de armamento se empleó y si el atacante tomó las precauciones necesarias para minimizar el impacto sobre la población civil. Sin embargo, la destrucción de un almacén humanitario trasciende el mero daño material: representa la pérdida directa de un salvavidas para quienes sufren el rigor de la guerra.
Esta realidad afecta de igual modo a las redes de voluntariado. Sus sedes, almacenes, vehículos y herramientas son vitales para realizar evacuaciones, distribuir medicamentos de emergencia, alimentos y materiales de reconstrucción tras los bombardeos. Cada vez que estas infraestructuras son dañadas o destruidas, el impacto recae directamente sobre las personas más vulnerables.
Además, el DIH exige de manera taxativa que las partes en conflicto distingan en todo momento entre objetivos militares y bienes de carácter civil. Las operaciones militares solo pueden dirigirse contra los primeros. Esta regla cardinal está codificada tanto en el derecho consuetudinario como en el Protocolo Adicional I de los Convenios de Ginebra.
Las viviendas, centros educativos, hospitales, almacenes humanitarios e instalaciones de servicios básicos (agua, calefacción y electricidad) conservan su carácter civil y protegido, a menos que sean utilizados directamente con fines hostiles que los conviertan en objetivos militares legítimos. En este sentido, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) insiste en que la infraestructura civil esencial debe mantenerse a salvo de los efectos directos de las hostilidades.
