Yan Rachinsky: Una persona no es un recurso desechable para resolver los problemas del estado

Damas y caballeros,

Hoy hablaré sobre los activistas civiles rusos, no sólo sobre los defensores de los derechos humanos.

Durante el último año y medio, en 78 regiones de Rusia se han iniciado procesos penales contra 634 personas debido a su posición pacifista. De allí, 200 personas se han privado de libertad: 181 están encarceladas, 11 bajo arresto domiciliario y 8 fueron sometidas a un tratamiento obligatorio. No puedo nombrar aquí todos los casos.

Tras el inicio de la llamada operación militar especial, rápidamente se aprobó una ley con penas de prisión para los que la interpretan de otra manera que “utilizar las fuerzas armadas rusas para proteger los intereses de la Federación de Rusia y sus ciudadanos, para mantener la paz y seguridad internacionales”. La gente está siendo encarcelada por declaraciones contra la guerra. Entre ellos se encuentra el diputado municipal Alexey Gorinov, que fue condenado a 7 años por hablar sobre la muerte de niños ucranianos como consecuencia de la guerra iniciada por Rusia, palabras pronunciadas en una reunión del consejo de diputados. Entre ellos está el político de la oposición Ilya Yashin, que se arriesgó a hacer preguntas sobre lo ocurrido de Bucha. Entre ellos está Igor Baryshnikov, un jubilado solitario de la región de Kaliningrado que cuidaba a su madre de 97 años. En junio de este año fue condenado a 7 años y medio por publicaciones contra la guerra en las redes sociales. A principios de agosto su madre murió y a él no le dejaron asistir al funeral.

Muchos aún no tienen una condena dictaminada, pero ya están en la prisión por los mismos cargos. Por ejemplo, Maxim Lypkan, de 18 años, que solicitó realizar una manifestación contra la guerra en el aniversario de la invasión rusa.

Más de 19.000 personas fueron detenidas y multadas por declaraciones contra la guerra, hasta por utilizar la palabra “guerra”.

Hace dos semanas, Grigory Melkonyants, líder de la organización Golos, que lleva años acompañando las elecciones en Rusia y luchando contra las irregularidades electorales, fue enviado a prisión; las casas de varios activistas de Golos fueron registradas. Aunque muchos opositores políticos del régimen actual (Vladimir Kara-Murza, Alexei Navalny y otros) ya están en prisión, las autoridades tienen miedo a los observadores en las próximas elecciones.

La directora de teatro Eugenia Berkovich y la dramaturga Svetlana Petriychuk fueron detenidas y llevan cuatro meses en prisión; su obra, ganadora de uno de los principales premios teatrales rusos del año pasado, de repente resultó contener “justificaciones del terrorismo”.

Alexander Chernyshov, director del Centro de memoria histórica de Perm, fue arrestado con el absurdo cargo de “intentar extraer el archivo de la organización”.

He mencionado sólo algunos ejemplos, pero hay cientos de ellos.

Lamentablemente, la posibilidad de una justicia judicial ha caído casi al nivel soviético. Los tribunales rusos llevan mucho tiempo sin defender la ley; los jueces casi siempre cumplen, sin rechistar, las órdenes del Ministerio de Justicia y de la Fiscalía. No es un problema exclusivamente ruso, pero en Rusia es especialmente grave. Para resolver este problema sería útil una convención internacional sobre la imprescriptibilidad de los crímenes contra la justicia. Para que los que detonan las bases de la justicia (agentes de policía que redactan informes falsos, investigadores y fiscales que presentan acusaciones falsas y, por supuesto, jueces que dictan sentencias injustas) comprendan que van a responder por ello.

No sólo los activistas civiles, sino también las organizaciones públicas en general son objeto de persecución. Muchas de las famosas organizaciones de derechos humanos de Rusia han sido prohibidas con pretextos ridículos: el Grupo de Helsinki de Moscú, el Centro de Sajarov, Agora, el Centro de Información y Análisis SOVA.

Después de la decisión judicial de liquidar el “Memorial Internacional” por etiquetar “incorrectamente” varios textos suyos, con el mismo pretexto ridículo fue liquidado el Centro de derechos humanos “Memorial”. También se liquidó el “Memorial” de Perm y se expropió el local de la sede del “Memorial” en Ekaterimburgo. En marzo de este año se llevaron a cabo los registros de varios activistas del “Memorial” de Moscú y se abrió un caso penal contra algunos empleados de nuestra organización con la absurda acusación de “justificar el nazismo”. Al régimen de Putin no le importa la verosimilitud de las acusaciones desde hace tiempo.

Además de la liquidación, las autoridades rusas van usando diferentes formas de presión para dificultar el trabajo de tales organizaciones.

Por ejemplo, la inclusión de las organizaciones (y desde hace poco también de los particulares) en el llamado “registro de agentes extranjeros”. Es un acto extrajudicial, realizado por una decisión arbitraria de los funcionarios del Ministerio de Justicia. En este registro están incluidos: uno de los principales centros sociológicos rusos “Levada-center”, la Fundación de defensa de glasnost, varias organizaciones “Memorial”, el Grupo de derechos humanos “Ciudadano. Ejército. Derecho”, que ayuda a los reclutas, la ya mencionada Asociación Golos, que protege los derechos de los votantes, la Fundación “Defensa de los derechos de los prisioneros”, “Guardia ambiental de Sajalín” y decenas de otras.

Otra forma de presión menos extendida, pero bastante más severa en términos de consecuencias, es etiquetar las organizaciones internacionales o extranjeras que operan en Rusia como “indeseables”. Esta decisión, también extrajudicial, la toma la Fiscalía General sin explicar los motivos. Hay más de cien organizaciones “indeseables”, entre ellas Greenpeace, Transparencia Internacional, Fondo Mundial para la Naturaleza, el canal de televisión independiente Dozhd y muchas otras. Por colaborar con una organización “indeseable” los ciudadanos y las organizaciones en Rusia enfrentan la responsabilidad penal. Dado que la ley no define ningún pretexto, cualquier cosa puede considerarse cooperación: una entrevista concedida a un medio de comunicación “indeseable” o, incluso, el intercambio de correspondencia.

Como muestra la experiencia de los disidentes soviéticos, la falta de estatus legal de la organización, e, incluso, los procedimientos criminales contra sus miembros dificultan su trabajo, pero no lo imposibilitan. Las actividades de las organizaciones públicas no son caprichos de los individuos. Es una necesidad social. Y especialmente ahora, cuando los derechos y libertades declarados por la Constitución se están convirtiendo en ficción, igual que en la época soviética. Cuando la libertad de expresión ha sido abolida y todos los canales de televisión y medios impresos se concentran en manos del estado dejando de ser medios informativos y convirtiéndose en propaganda.

Los refugiados y los desplazados siguen necesitando ayuda y protección, persiste y se va agravando el problema de protección de los derechos de los militares y reclutas, no desaparecen los problemas de las personas discapacitadas y de los prisioneros, continúa la persecución de los opositores políticos, no se investigan casos de las desapariciones y torturas, sigue siendo necesario evitar falsificaciones en las elecciones. Y los activistas civiles se ocupan de todos estos problemas, sin importar si esto les gusta o no a las autoridades.

Este trabajo se está volviendo ahora igual de difícil y arriesgado como en la época soviética, pero continúa, aunque se ha vuelto mucho más difícil lograr el éxito. Nuestros predecesores no se dieron por vencidos hace 40 años y nosotros tampoco bajaremos los brazos.

Para concluir, diré algunas palabras más.

Aquí estoy representando al “Memorial”, la asociación de personas que trabajan con la memoria del pasado trágico. Es imposible hacer que la gente olvide el pasado. Y aún más imposible si este pasado vuelve. Casi se ha producido esa vuelta atrás.

Esa vuelta a los métodos soviéticos para reprimir la disidencia va naturalmente acompañada de la vuelta a los mitos históricos soviéticos, a veces perversamente distorsionados y exagerados. Por ejemplo, el pacto de 1939 con Hitler, que avergonzó incluso a los propagandistas soviéticos que lo consideraban inevitable y guardaban silencio sobre los protocolos secretos, ahora figura como un triunfo de la diplomacia soviética.

Formalmente, el estado no reconsidera su actitud hacia el terror comunista, pero los monumentos a Stalin van apareciendo en diferentes ciudades rusas, a veces con la bendición de las autoridades locales.

Acaba de aparecer un nuevo manual de historia que reproduce viejos conceptos del “entorno hostil” y la supremacía rusa. La historia, manipulada por propagandistas, se convierte en un arma ideológica.

La disputa no trata tanto de los hechos históricos como de la convivencia humana básica.

Una persona no es un recurso desechable para resolver problemas del estado, como cree el actual gobierno ruso. El hombre es el dueño del estado y su constructor.

No incumbe al estado determinar cómo debería vivir la gente, sino que la gente debería determinar cómo tiene que ser el estado.

No son ideales humanistas abstractos: son la base de la supervivencia de una sociedad.

Las organizaciones públicas, los activistas y los defensores de derechos humanos son sensores que detectan los problemas y el curso peligroso de la historia.

Al impedir la autoorganización de sus ciudadanos y al restringir la libertad de expresión, el estado destruye su propio futuro y el futuro de su sociedad.

Es inevitable que el estado que viola los derechos de sus propios ciudadanos se vuelva peligroso para otros estados.

Por lo tanto (volviendo al tema de hoy) apoyar a los activistas que defienden los derechos de los ciudadanos es una tarea e interés común de las personas de buena voluntad. Apoyar tanto a los que siguen luchando en su país como a los que se vieron obligados a dejarlo.

Es una tarea de máxima importancia. Espero que la comunidad internacional haga todo lo posible para cumplir con ella.