Sin comida, agua ni salida: qué responsabilidad recae sobre Rusia por la crisis en Oleshky
El derecho internacional exige a Rusia garantizar lo básico a la población civil. Analizamos qué responsabilidad legal afronta la potencia ocupante y cuándo privar de comida y agua a una ciudad puede constituir un crimen de guerra.
El día a día en Oleshky
En la Oleshky ocupada, conseguir alimentos, agua o medicinas ha dejado de ser algo cotidiano. Según Reuters, a principios de octubre quedaban en la ciudad unas 1.700 personas, entre ellas 47 niños. No hay luz, gas ni agua corriente, y las entregas de comida se cortaron casi por completo a finales de mayo.
Antes de la invasión, en Oleshky vivían decenas de miles de personas. Hoy, gran parte de la ciudad está destruida y quienes resisten allí han quedado prácticamente aislados.
Para comprar víveres, algunos deben desplazarse hasta la vecina Radensk por un tramo que los locales ya llaman la “carretera de la muerte”: está plagada de minas, bajo vigilancia constante de drones y flanqueada por coches calcinados. Una vecina que logró huir contó a Suspilne que varios vehículos de reparto volaron por los aires, lo que ahuyentó a los transportistas. Reuters recogió también el caso de una mujer que en septiembre pisó una mina cuando iba a buscar comida.
Quienes no pueden desplazarse sobreviven con lo que les queda o con lo que cultivan. Los vecinos relatan que recogen hortalizas de sus huertos, cocinan en fogatas por la falta de gas y recurren al trueque. Ukrainska Pravda informó sobre un mercadillo improvisado junto al hospital donde los precios se han disparado: una docena de huevos alcanzaba las 800 grivnas y un kilo de patatas o cebollas, unas 500. Se registran incluso casos de personas que recogen plantas silvestres para no pasar hambre.
El hospital es de los pocos lugares donde aún se intenta prestar ayuda, aunque faltan medicinas, antibióticos, insumos y combustible para los generadores. El personal pide a los vecinos que aporten cereales u otros víveres para preparar algo de comer a los pacientes encamados. Según Suspilne, los heridos por ataques de drones a menudo solo reciben primeros auxilios básicos al no haber medios para tratamientos convencionales.
A principios de septiembre, según cuenta Suspilne, 11 personas intentaron salir a pie de la ciudad, pero se perdió su rastro. El ombudsman ucraniano, Dmytro Lubinets, señaló que Ucrania propuso evacuar a los civiles, pero Rusia bloqueó la iniciativa.
A finales de septiembre, en coordinación con la Administración Militar Regional de Jersón, se lograron enviar unas cuatro toneladas de ayuda humanitaria a un centenar de puntos de la ciudad. Sin embargo, recibirla es peligroso: Tetiana Hasanenko, jefa de la Administración Militar de Oleshky, declaró a Ukrinform que las tropas rusas confiscan estos suministros. Tener comida que no fuera de fabricación rusa podía acarrear acusaciones de “colaboración con el ejército ucraniano”. El gobernador regional de Jersón, Oleksandr Prokudin, también denunció detenciones, palizas a quienes recibían paquetes y casos en los que los soldados rusos derribaban drones con alimentos para apropiarse de la carga.
El Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O’Flaherty, pidió garantizar el acceso humanitario y un corredor seguro para los civiles. Aunque la parte rusa admitió que la situación en Oleshky es crítica, culpó a Ucrania y aseguró que sus tropas intentan ayudar. Ucrania, por el contrario, acusa a Moscú de bloquear la ayuda y la evacuación. Más allá de los discursos, la realidad es incontestable: miles de personas bajo control ruso llevan meses sin acceso a lo más elemental.
A qué está obligada Rusia como potencia ocupante
El derecho internacional humanitario fija obligaciones muy claras para la potencia ocupante: debe abastecer a la población de comida y medicinas, garantizar la atención médica y mantener condiciones sanitarias e insumos básicos. Los combates pueden complicar la logística, pero no eximen a las fuerzas de ocupación de esta responsabilidad. Así lo establece el artículo 55 del IV Convenio de Ginebra: si escasean los víveres o las medicinas, el ocupante debe organizar su entrada.
El artículo 56 se refiere específicamente a la protección de la salud: la potencia ocupante debe garantizar el funcionamiento de los hospitales y los servicios médicos, proteger la salud pública y mantener unas condiciones higiénicas adecuadas. Si la red de abastecimiento de agua queda destruido deja de funcionar, la autoridad que controla el territorio debe organizar un suministro alternativo o facilitar el suministro de agua. El Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra también contempla otros bienes esenciales para la población civil, como ropa, ropa de cama, materiales para acondicionar las viviendas y otros artículos de primera necesidad. En determinadas circunstancias, esto puede incluir también el combustible necesario para la calefacción.
Cuando los recursos propios no son suficientes, entra en juego el artículo 59 del IV Convenio de Ginebra. Este establece la obligación de permitir misiones de ayuda humanitaria para la población que no dispone de suficientes bienes esenciales. La potencia ocupante debe aceptar esa ayuda y facilitar su entrega. Puede inspeccionar los cargamentos, acordar las rutas y establecer requisitos de seguridad razonables, pero no utilizar estos procedimientos para bloquear de hecho la asistencia. El artículo 60 aclara, además, que la ayuda proporcionada por organizaciones humanitarias u otros actores no exime a la potencia ocupante de sus propias obligaciones.
Cuándo la falta de alimentos y agua en un territorio ocupado puede constituir un crimen de guerra
La escasez de alimentos y agua potable en un territorio ocupado no demuestra, por sí sola, que se haya cometido un crimen de guerra. El suministro puede interrumpirse debido a los combates, los daños en las carreteras, las minas o la destrucción de infraestructuras. Sin embargo, el derecho internacional humanitario también tiene en cuenta cómo actúa la potencia ocupante en esas circunstancias: si intenta garantizar las necesidades básicas de la población, si aprovecha los recursos disponibles y si permite la entrada de ayuda humanitaria.
En su comentario al artículo 55 del IV Convenio de Ginebra, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) explica que la autoridad ocupante debe utilizar todos los medios a su alcance para satisfacer las necesidades básicas de la población. Esto incluye organizar el transporte, planificar el abastecimiento y adoptar otras medidas necesarias. En el párrafo 3448 de ese comentario, el CICR subraya que las deficiencias en la planificación no pueden justificar la falta de recursos indispensables para la supervivencia.
Cuanto más tiempo controla un Estado un territorio ocupado, más medidas puede verse obligado a adoptar para abastecer a sus habitantes. En determinadas circunstancias, debe organizar la producción y el transporte de alimentos, en lugar de limitarse a repartir las reservas existentes. Al mismo tiempo, el derecho internacional reconoce las dificultades que pueden generar los combates. Por eso, es fundamental determinar qué posibilidades tenía la potencia ocupante y si hizo uso de ellas.
Si un Estado no puede abastecer por sí mismo a la población, está obligado a aceptar la ayuda humanitaria y facilitar su entrega. Así lo establece el artículo 59 del IV Convenio de Ginebra. La autoridad ocupante puede inspeccionar los cargamentos y acordar las rutas de distribución, pero no debe imponer obstáculos injustificados. En el párrafo 3578 de su comentario, el CICR señala que este tipo de actuaciones puede constituir una denegación ilícita del acceso humanitario.
El incumplimiento de estas obligaciones puede generar responsabilidad internacional del Estado, incluso cuando no existen pruebas de que haya utilizado deliberadamente el hambre como método de guerra. Según los artículos 1 y 2 del proyecto de artículos de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, la violación de una obligación internacional puede derivarse tanto de una acción como de una omisión.
Por otra parte, el derecho internacional prohíbe expresamente utilizar el hambre de la población civil como método de guerra. El artículo 54 del Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra prohíbe privar deliberadamente a la población de los medios indispensables para su supervivencia. Esto incluye destruir o inutilizar reservas de alimentos, fuentes de agua potable e instalaciones de abastecimiento de agua con el propósito de dejar a los civiles sin los recursos necesarios. La prohibición también se aplica cuando estas acciones buscan obligar a la población a abandonar el territorio.
El uso deliberado del hambre contra la población civil como método de guerra está clasificado como crimen de guerra en el artículo 8.2.b.xxv del Estatuto de Roma. Esta conducta puede incluir también la obstrucción intencionada de la entrega de ayuda humanitaria. Sin embargo, para calificar los hechos como tal crimen, es necesario demostrar que una persona privó a la población civil de recursos indispensables para sobrevivir con la intención específica de utilizar el hambre como método de guerra.
En el caso de Oleshky, es fundamental determinar qué medios tenía la autoridad rusa de ocupación para abastecer a la población y qué medidas adoptó para hacerlo. Rusia controla la ciudad desde 2022, pero los problemas de acceso a alimentos y agua se agravaron especialmente en 2026. El 25 de junio, la Misión de Observación de los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania informó de que los suministros regulares de alimentos a Oleshky se habían interrumpido el 26 de mayo. Los representantes de la ONU también documentaron testimonios sobre el peligro de las minas, los ataques con drones, las dificultades para evacuar a la población y la falta de asistencia médica. Ya entonces, los observadores internacionales recordaron las obligaciones de la potencia ocupante de garantizar el suministro de los bienes esenciales.
Para determinar si se han producido posibles violaciones, es necesario averiguar si la administración rusa podía organizar rutas alternativas de abastecimiento, garantizar el funcionamiento de los centros médicos o permitir la entrada de ayuda humanitaria. También hay que establecer quién tomaba las decisiones sobre el acceso a la ciudad, qué restricciones estaban vigentes y si existían medios para superarlas. La mera interrupción de los suministros no demuestra que se haya utilizado deliberadamente el hambre como método de guerra. Sin embargo, incumplir las obligaciones internacionales cuando existen posibilidades reales de ayudar a la población puede constituir una violación del derecho internacional humanitario. La responsabilidad puede determinarse en distintos niveles. Rusia, como Estado, puede responder por el incumplimiento de sus obligaciones internacionales. Por su parte, los responsables de la administración de ocupación o del mando militar pueden incurrir en responsabilidad penal individual si se demuestra su participación en los delitos correspondientes y se cumplen los demás requisitos jurídicos necesarios.
En definitiva, la situación de Oleshky exige evaluar hasta qué punto Rusia está cumpliendo sus obligaciones como potencia ocupante. Para determinar si se ha cometido el crimen de guerra de utilizar deliberadamente el hambre, hacen falta pruebas adicionales sobre las acciones concretas y las intenciones de las personas implicadas. Sin embargo, aunque no se consiga demostrar esa intención, esto no excluye la posible responsabilidad internacional de Rusia.
La cuestión decisiva es si las autoridades de ocupación disponían de medios reales para garantizar el acceso de la población a alimentos, agua y ayuda humanitaria y, en ese caso, si adoptaron las medidas necesarias para hacerlo.
