Los daños de Rusia a la infraestructura ucraniana ya superan los 45. 000 millones de dólares
La mayor concentración de bombardeos se ha registrado durante los meses más fríos del año, un periodo crítico en el que la vida cotidiana de la población civil depende por completo de la electricidad, la calefacción y el suministro de agua.
¿Qué ocurrió?
Durante la Conferencia sobre la Recuperación de Ucrania en Gdansk, el vicepremier para la Reconstrucción, Oleksiy Kuleba, declaró que los daños causados por los ataques rusos a la infraestructura nacional ya superan los 45.000 millones de dólares.
Según Kuleba, estas pérdidas no pueden cubrirse solo con el presupuesto estatal o financiación pública internacional. Por ello, Ucrania presentó a sus socios una cartera de 30 proyectos de asociación público-privada que abarcan transporte urbano, aviación, ferrocarriles, carreteras y suministro de agua.
A nivel global, a finales de 2025, los daños directos de Ucrania por la guerra superaban los 195.000 millones de dólares. Asimismo, las necesidades de reconstrucción para la próxima década se estiman en casi 588.000 millones de dólares, siendo la vivienda, el transporte y la energía los sectores más afectados. En 2025, las instalaciones energéticas dañadas aumentaron un 21%, y las necesidades del sector transporte crecieron un 24% debido a los ataques contra ferrocarriles y puertos. Los datos provienen de la quinta Evaluación Rápida de Daños y Necesidades (RDNA5), elaborada por el Banco Mundial, el Gobierno de Ucrania, la Comisión Europea y la ONU.
Cuándo atacó Rusia con mayor fuerza la infraestructura
Aunque los bombardeos rusos no han parado desde el inicio de la guera, se volvían más masivos en vísperas o durante los meses fríos, cuando la dependencia civil de los servicios básicos era crítica. En otoño de 2022, Rusia inició una campaña a gran escala contra el sistema energético. En diciembre del 2022, Human Rights Watch señaló que solo los ataques de octubre y noviembre dejaron a millones de personas sin luz, agua ni calefacción, mientras la fiscalía ucraniana reportaba 92 ataques a la red eléctrica en dos meses dejando a milliones de civiles ucranianos sin servicios vitales básicos. En 2024, la ofensiva contra el sistema eléctrico se intensificó. Entre el 22 de marzo y el 31 de agosto, Rusia ejecutó nueve oleadas de ataques masivos coordinados. Esta vez priorizó los centros de generación (centrales térmicas, hidroeléctricas y solares), destruyendo unos 9 gigavatios de capacidad de generación energética, la mitad de lo que Ucrania necesita en invierno. Para junio de 2024, el 73% de las unidades de energía térmica del país estaban fuera de servicio.
En vísperas del invierno de 2025, los ataques volvieron a recrudecerse. En octubre, tres grandes ofensivas provocaron apagones de emergencia en la mayoría de las regiones. En noviembre se registraron otros cinco ataques combinados a gran escala, dejando a numerosas comunidades sin luz, calefacción ni agua.
Para enero de 2026, las tropas rusas atacaban la infraestructura energética casi a diario. Al menos cinco ofensivas fueron a gran escala, golpeando simultáneamente instalaciones en Kyiv y 17 provincias. Esto provocó apagones prolongados y cortes de agua, dejando a millones de personas con luz solo unas pocas horas al día.
En total, según los analistas de DiXi Group, desde el 24 de febrero de 2022 Rusia ha lanzado al menos 64 ataques masivos contra la infraestructura energética, empleando unos 12.700 drones de ataque (VANT) y 2.900 misiles. La estrategia evolucionó: al inicio de la invasión Rusia apuntaba a refinerías y depósitos de combustible, pero desde el otoño de 2022 la red eléctrica en su totalidad pasó a ser el blanco de una campaña sistemática. El salto cuantitativo reciente es enorme: frente a los 2.800 misiles y drones usados entre 2022 y 2024, la cifra se disparó a 12.800 dispositivos empleados entre 2025 y principios de 2026. Además, Rusia ha ampliado sus objetivos hacia la logística, el sector ferroviario y los acueductos.
Desde la perspectiva internacional
El derecho internacional humanitario (DIH) no prohíbe automáticamente cualquier ataque a la infraestructura, pero establece límites claros. Las partes en conflicto deben distinguir siempre entre bienes civiles y objetivos militares. Incluso si una infraestructura tiene valor militar, el ataque debe cumplir el principio de proporcionalidad: el daño civil previsto no puede ser excesivo en relación con la ventaja militar directa esperada.
Gozan de protección especial los bienes indispensables para la supervivencia de la población (agua, alimentos, calefacción). Su destrucción puede colocar a los civiles en una situación donde subsistir sea un problema diario.
Por ello, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) clasifica como crimen de guerra el dirigir intencionadamente ataques contra bienes civiles o causar daños desproporcionados a la población.
Bajo este marco, en marzo de 2024, la CPI emitió órdenes de arresto contra los comandantes rusos Sergey Kobylash y Viktor Sokolov por los ataques a la infraestructura eléctrica ucraniana entre octubre de 2022 y marzo de 2023. Se les sospecha de crímenes de guerra por atacar bienes civiles y causar daños excesivos a la población.
Por consiguiente, si los ataques a la infraestructura se dirigen contra bienes civiles o tienen consecuencias desproporcionadas para la población, violan el derecho internacional humanitario y son objeto de persecución penal internacional.
