Los abogados que documentan la guerra: el Grupo de Derechos Humanos de Járkiv
Hay algo especialmente acertado en el hecho de que una de las organizaciones de derechos humanos más antiguas de Ucrania tenga su sede en Járkiv. Esta es una ciudad donde cuestiones que en otros lugares pertenecen a los libros de texto de derecho y a los seminarios universitarios han adquirido una incómoda realidad física. ¿Qué es una detención arbitraria? ¿En qué consiste la tortura? ¿Qué obligaciones tiene el Estado con la población civil? ¿Cómo se prueba un crimen de guerra? ¿Qué significa la justicia cuando el sospechoso de cometer el delito se encuentra fuera del alcance del tribunal? Para el Grupo de Derechos Humanos de Járkiv, estas ya no son preguntas predominantemente teóricas. Tienen rostro humano.
El Grupo de Derechos Humanos de Járkiv hunde sus raíces en el movimiento disidente soviético de las décadas de 1970 y 1980. Desde 1988 operó como la filial de “Memorial” en Járkiv, el famoso movimiento dedicado a destapar la represión política soviética y a preservar la memoria de sus víctimas. La organización se convirtió en una entidad jurídica independiente en noviembre de 1992, menos de un año después de la restitución de la independencia de Ucrania.
Esta historia es relevante porque las organizaciones de derechos humanos en Europa Occidental a veces pueden dar la impresión de vivir en un mundo bastante cómodo de conferencias, documentos de trabajo y recomendaciones minuciosamente elaboradas. El Grupo procede de una tradición mucho más severa. Sus predecesores intelectuales se preocupaban por los presos políticos, la violencia psiquiátrica, la censura, la arbitrariedad del poder estatal y el mecanismo mediante el cual los gobiernos autoritarios hacen desaparecer a las personas incómodas.
Durante la mayor parte de la historia de la Ucrania independiente, la organización desempeñó las funciones tradicionales pero fundamentales de una entidad de derechos humanos en una joven democracia. Prestó asistencia jurídica gratuita, representó a personas cuyos derechos habían sido vulnerados y llevó a cabo procesos judiciales estratégicos. Decenas de miles de personas acudieron al Grupo en busca de asesoramiento y ayuda a lo largo de su existencia, impulsando también numerosos procesos judiciales ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y después comenzó la guerra.
De los derechos humanos a los crímenes de guerra
Por supuesto, la agresión de Rusia contra Ucrania no comenzó en febrero de 2022, como tampoco la labor de documentación del Grupo al respecto. La organización ya contaba con una amplia experiencia en la investigación de los abusos derivados del conflicto en el este de Ucrania desde 2014, pero la invasión a gran escala cambió tanto la magnitud del desafío como el carácter de su trabajo diario.
Ya en las primeras semanas tras el inicio de la invasión a gran escala, el Grupo de Derechos Humanos de Járkiv comenzó a documentar de forma sistemática presuntos crímenes internacionales en la región. Los investigadores recopilaron información a partir de informes oficiales, organizaciones internacionales, testimonios, fotografías, vídeos, redes sociales y otras fuentes abiertas. Para cada hecho se estableció el lugar y las fechas, se conservó el material probatorio de respaldo y los incidentes se registraron en bases de datos estructuradas según las clasificaciones del derecho penal internacional.
Esto puede sonar rutinario, pero así es como debe ser. El problema fundamental a la hora de registrar crímenes es que la indignación no constituye una prueba. Una fotografía puede ser desgarradora, pero servirá de poco si no se puede establecer dónde y cuándo fue tomada. Un testigo puede recordar hechos horribles, pero los recuerdos deben registrarse minuciosamente y verificarse siempre que sea posible. Dos relatos pueden describir el mismo incidente, mientras que un edificio puede haber sido destruido sin que las circunstancias de su destrucción estén claras en un primer momento.
Por ello, la transición del sufrimiento humano a las pruebas admisibles exige una labor minuciosa. Las fechas, los lugares, los nombres, las fotografías, las declaraciones de testigos presenciales, los exámenes médicos y los registros documentales deben reunirse en un expediente capaz de resistir el escrutinio de investigadores, fiscales y, en última instancia, jueces. Esta es una de las dimensiones menos visibles de la guerra en Ucrania. Junto a los soldados que combaten, los médicos que atienden a los heridos y los equipos de rescate que sacan a la gente de los edificios destruidos, hay otra profesión que trabaja en silencio en segundo plano: las personas que construyen la memoria probatoria de la guerra.
Una guerra que se mide en archivos
En marzo de 2022, el Grupo de Járkiv, junto con el Centro para las Libertades Civiles y la Unión Ucraniana de Derechos Humanos de Helsinki, puso en marcha la iniciativa “Tribunal para Putin”, habitualmente abreviada como T4P. Con el tiempo, la red se amplió hasta abarcar a decenas de organizaciones que documentan presuntos crímenes susceptibles de encajar en las definiciones del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Las cifras de crímenes cometidos son casi imposibles de asimilar, y esto representa en sí mismo uno de los grandes problemas de una guerra prolongada. Diez muertes son diez seres humanos; diez mil se convierten en una estadística. Una casa destruida es una tragedia familiar; miles de casas destruidas pasan a ser una línea en un informe. La mente humana no está bien adaptada para comprender el sufrimiento cuando este alcanza proporciones industriales.
El trabajo de la organización busca en parte revertir este proceso. Detrás de cada registro en la base de datos debe haber un hecho, y detrás del hecho, una víctima. Detrás de la víctima hay un nombre. Por eso la documentación importa, incluso cuando el procesamiento judicial parece lejano. Las guerras engendran propaganda, mitología y, en última instancia, recuerdos selectivos; los documentos, en cambio, son menos maleables. Una fotografía adecuadamente conservada, un informe forense o el testimonio de un testigo permanecen como una forma obstinada de acusación.
¿Qué ocurre con la víctima?
Sin embargo, existe el peligro de hablar de los crímenes de guerra exclusivamente en el contexto de los tribunales internacionales. Una víctima de tortura necesita algo más que la promesa de que, tal vez algún día, alguien comparezca ante un tribunal en La Haya, ya que las consecuencias inmediatas de los malos tratos, las heridas o el cautiverio no pueden aguardar al pausado ritmo de la justicia internacional.
Este fue el aspecto más impactante de la conversación del Lviv Herald con Serhiy, un abogado del Grupo de Derechos Humanos de Járkiv que trabaja en la organización desde 2023. Él no describió su labor en términos grandilocuentes o geopolíticos. En su lugar, relató lo que sucede después de que una persona traumatizada entra en contacto con el sistema de justicia, centrándose sobre todo en los mecanismos prácticos para transformar el trauma en pruebas, y las pruebas en protección jurídica.
Los abogados del Grupo recopilan evidencias e impulsan la apertura o continuación de investigaciones penales. Colaboran con investigadores y fiscales. Si las víctimas han sufrido lesiones físicas, los abogados ayudan a gestionar los peritajes médico-legales, mientras que los traumas psicológicos pueden requerir una evaluación especializada. Muchas personas necesitan ayuda para obtener el grado de discapacidad, recibir tratamiento médico o acceder a indemnizaciones estatales. Los antiguos prisioneros civiles a menudo precisan asistencia para certificar su estatus jurídico y acceder a los beneficios que les corresponden según la legislación ucraniana.
La organización ha diseñado deliberadamente este modelo integral de asistencia, combinando la labor jurídica con el acceso a psicólogos, médicos, ayuda humanitaria y apoyo financiero. El principio fundamental es sencillo: una persona que ha sufrido torturas no deja de ser humana una vez que su testimonio se incorpora al expediente del fiscal. De hecho, el proceso judicial puede ser solo una pequeña fracción de lo necesario para reconstruir cierta apariencia de vida normal.
Serhiy describió el trabajo realizado con personas de los distritos de Kupiansk, Izium y Balakliya, lugares cuyos nombres han quedado asociados a la ocupación rusa de partes de la región de Járkiv en 2022. Explicó que allí se mantuvo a gente cautiva, en ocasiones en condiciones inhumanas, sometida a torturas. La tarea del abogado consiste ahora en transformar lo ocurrido en pruebas y ayudar a los supervivientes a lidiar con el intrincado entramado de procedimientos médicos, administrativos y penales que de ello se derivan. Es un trabajo de derechos humanos desprovisto de abstracciones, reducido a la labor nada romántica de ayudar a personas concretas a superar las consecuencias de una catástrofe.
La geografía del cautiverio
Algunas de las tareas más complejas de la organización conciernen a los prisioneros de guerra, los civiles detenidos y las personas desaparecidas. Su búsqueda puede convertirse en una investigación en sí misma, que requiere cotejar testimonios, materiales documentales, información de fuentes abiertas y pruebas audiovisuales para rastrear a los prisioneros y los lugares de detención.
La desaparición posee una cualidad particularmente cruel porque la muerte, por terrible que sea, permite finalmente el luto. La desaparición niega incluso esa certeza. La familia no sabe si guardar luto o mantener la esperanza, si la persona se encuentra en una cárcel, en un hospital, en una tumba sin nombre o simplemente en algún lugar desde el que le es imposible comunicarse. En tales circunstancias, la labor de derechos humanos se vuelve casi arqueológica, ya que hay que ir reuniendo fragmentos de información hasta que la persona logra salir de la oscuridad informativa.
El problema se ve agravado por la propia geografía de la guerra. Un prisionero puede haber sido apresado en una ciudad ucraniana, trasladado a través de un centro de detención provisional y posteriormente llevado a territorios ocupados o a la propia Rusia. Los registros pueden ser fragmentarios o inaccesibles.
Los testigos quizás solo recuerden el nombre de otro detenido o la apariencia de un edificio sin saber dónde se encontraba. El abogado o el investigador se ven obligados a reconstruir el trayecto humano a partir de vestigios.
Torturas y territorios ocupados
El Grupo de Derechos Humanos de Járkiv y sus aliados han prestado especial atención a las denuncias de tortura en los territorios de Ucrania ocupados por Rusia. Su documentación abarca centros de detención en zonas de la región de Járkiv como Izium, Kupiansk, Balakliya y Vovchansk, y las pruebas reunidas describen hacinamiento, condiciones degradantes, violencia física y el presunto uso de torturas para extraer información o forzar la colaboración.
Estas acusaciones deberán ser evaluadas en última instancia según los estándares probatorios de los tribunales correspondientes, y esta distinción es fundamental. Las organizaciones de derechos humanos documentan y aportan pruebas; los tribunales determinan la responsabilidad penal individual. Sin embargo, los tribunales no pueden juzgar nada si nadie ha preservado antes las pruebas, y esa es la función insustituible de intermediación que desempeñan las organizaciones como el Grupo de Járkiv.
Existe otra razón que explica la importancia de esta labor. La tortura es especialmente susceptible al negacionismo, ya que suele ejecutarse a puerta cerrada, a menudo sin testigos independientes y bajo circunstancias en las que las autoridades responsables controlan los registros. Por ello, el cuerpo, los recuerdos y el testimonio de la víctima pueden convertirse en pruebas decisivas, complementadas, siempre que sea posible, con informes médicos, fotografías, registros de la época y testimonios corroborantes de otros detenidos.
La memoria como resistencia
Hay otra vertiente en la actividad de la organización que, en última instancia, puede resultar casi igual de trascendental. Mantiene una intensa labor editorial, y su proyecto “Voces de la guerra” recoge las vivencias de quienes han sobrevivido a la invasión, la ocupación, los bombardeos y el cautiverio. Estos relatos pertenecen a una categoría distinta a la de las pruebas penales, aunque inevitablemente ambas esferas a menudo se solapan.
Los tribunales reducen necesariamente los hechos a categorías jurídicas: detención ilegal, tortura, asesinato, destrucción de bienes civiles. La historia requiere algo más. Necesita que la gente recuerde cómo era una cocina antes de que un misil atravesara el edificio. Necesita a alguien que recuerde de qué hablaban los prisioneros en una celda abarrotada. Necesita la historia del anciano que no abandonó su aldea, de la madre que cruzó el país con sus hijos y del civil que regresó del cautiverio incapaz de conciliar el sueño. La historia de una guerra no puede consistir únicamente en mapas con flechas que avanzan sobre el terreno, porque las guerras le ocurren a las personas.
Quizás sea aquí donde los orígenes del Grupo de Járkiv en el movimiento disidente soviético cobran su mayor significado. La Unión Soviética destinó recursos extraordinarios no solo a encarcelar personas, sino a manipular la memoria. Había gente que desaparecía de las fotografías, crímenes que se borraban de las historias oficiales y víctimas que se disolvían en eufemismos. “Memorial” nació de la convicción de que registrar los nombres, los lugares y las experiencias constituye en sí mismo una forma de resistencia al poder autoritario. Más de tres décadas después, este principio cobra una nueva dimensión en Ucrania.
Los derechos humanos en tiempos de guerra
En el centro de la existencia del Grupo de Derechos Humanos de Járkiv subyace también una paradoja incómoda, pues una verdadera organización de derechos humanos no puede limitarse a investigar las acciones del enemigo. El Grupo continúa visibilizando cuestiones internas de derechos humanos en Ucrania, incluidos los derechos de los reclusos, la libertad de expresión, los desplazados internos, la primacía del derecho y la actuación de las instituciones ucranianas. Su misión siempre ha encerrado una dualidad esencial: proteger a los ciudadanos de los abusos del Estado y, al mismo tiempo, ayudar al Estado a desarrollar instituciones capaces de garantizar los derechos y libertades.
Esta tarea resulta más compleja en medio de una guerra existencial. Las democracias en guerra otorgan inevitablemente poderes extraordinarios a los gobiernos. El secreto militar se vuelve indispensable, mientras que libertades que parecen sencillas en tiempos de paz se topan con exigencias relativas a la movilización, la inteligencia, la colaboración y la seguridad nacional. La tolerancia pública hacia la crítica disminuye cuando los soldados mueren en el frente, y las acusaciones de deslealtad pueden sustituir fácilmente al debate sobre dónde deben terminar las restricciones legítimas a la libertad.
Sin embargo, los argumentos a favor de preservar las instituciones de derechos humanos en estas circunstancias se vuelven más fuertes, no más débiles. La aspiración de Ucrania de pertenecer a la tradición democrática europea no es una mera cuestión sobre qué bandera ondea en un edificio institucional. Es la afirmación del modelo de Estado que Ucrania pretende ser. Es la reivindicación de lo que el país aspira a representar. Una nación no puede defender con coherencia el Estado de derecho en el exterior mientras lo considera un inconveniente en casa; tampoco puede suspenderlo razonablemente hasta un momento indeterminado en que la guerra se dé por concluida oficialmente.
Esta es una de las razones por las que las organizaciones como el Grupo de Derechos Humanos de Járkiv ocupan a veces una posición incómoda. Su cometido no consiste en actuar como animadores del gobierno ucraniano, ni tampoco en adoptar la discutible costumbre de equiparar moralmente al agresor con el defensor. Su tarea es más compleja: insistir en que los principios sigan siendo principios precisamente cuando las circunstancias los vuelven incómodos.
La paciente construcción de la justicia
Es fácil caer en el cinismo respecto a la justicia internacional. Los tribunales actúan con lentitud, las investigaciones se prolongan durante años, los sospechosos pueden quedar fuera del alcance de las órdenes de detención, los gobiernos cambian y la atención internacional se desplaza hacia la siguiente crisis. Una víctima de tortura puede preguntarse con razón qué consuelo le aporta saber que se ha enviado una solicitud jurídica impecablemente redactada a un organismo internacional que podría examinarla a lo largo de la próxima década.
Nada de esto hace que la documentación sea inútil, porque la alternativa es infinitamente peor. Sin pruebas no hay procesamiento judicial. Sin nombres no hay responsabilidad individual. Sin testimonios preservados solo queda la pugna de propagandas, y sin registros el crimen de hoy se convierte en la disputa histórica de mañana. El retraso de la justicia puede ser profundamente insatisfactorio, pero una justicia imposibilitada por la desaparición de las pruebas es aún peor.
Así, el Grupo de Derechos Humanos de Járkiv opera en una dimensión temporal insólita. Sus abogados asisten a personas que necesitan ayuda hoy, al tiempo que reúnen pruebas para procesos judiciales que tal vez no se celebren hasta dentro de años. Sus psicólogos tratan los recuerdos del ayer mientras sus bases de datos se configuran para los tribunales e historiadores del mañana. Pocas profesiones exigen atender simultáneamente al pasado, al presente y al futuro.
El relato de Serhiy sobre su trabajo fue tremendamente práctico. Habló de investigaciones por iniciar, reconocimientos médicos, documentos recopilados, procedimientos de indemnización y casos que ya se tramitan en los tribunales ucranianos. Había poca retórica en sus palabras, y quizás en eso consiste todo. Cuanto más cerca se está del trabajo práctico en derechos humanos, menos pomposo se vuelve el vocabulario.
Los derechos humanos alcanzan su mayor valor cuando dejan de ser mera retórica. Se convierten en el abogado que se sienta frente a una persona torturada y le hace las preguntas adecuadas. Se convierten en el psicólogo que la ayuda a convivir con lo ocurrido, en el médico que acredita las lesiones, en la fotografía con la ubicación verificada, en las declaraciones de testigos recogidas con rigor y, finalmente, en el expediente que se presenta ante un juez.
Járkiv es una ciudad sobre la que siguen cayendo misiles, y es también una ciudad en la que la gente continúa erigiendo con paciencia la arquitectura documental de la justicia. En algún lugar, en medio de la violencia, alguien toma la declaración de un testigo, organiza un peritaje, anota un nombre o tramita un documento. La civilización adopta a veces formas más deslumbrantes que esta, pero la historia, en última instancia, puede depender de ello.
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